El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo. Este marco normativo apoya el desarrollo de un sistema de transporte digital e innovador, la movilidad limpia y saludable, una mejor calidad de las decisiones de inversión y gasto, así como reconoce la movilidad como un derecho social. Tras la toma en consideración en primera lectura, el Mitma iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura del trámite de audiencia e información pública.
La elaboración del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible se ha apoyado en un grupo interministerial dependiente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y en un proceso de consulta pública llevado a cabo. Tras su primera lectura, el texto se publicará en la página web del Mitma para su consulta y, en su caso, realizar aportaciones durante el proceso de audiencia e información pública, que se abrirá en las próximas semanas.
De igual modo, se solicitarán los informes preceptivos y procedimientos previos para la elaboración del documento final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales como proyecto de Ley.
Las medidas contempladas prevén reducir ineficiencias en el gasto en inversiones públicas e incrementar la productividad de las empresas en la próxima década. Dentro del respeto al marco competencial también tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.
Esta futura Ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y a los retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023. Además, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las metas de la Cumbre del Clima y el Pacto Verde Europeo. Mediante este texto articulado, también se implementan diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.
Cuatro pilares fundamentales
El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible se sustenta en cuatro pilares. En primer lugar, reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, por lo que deberá ser accesible e inclusiva, y todas las administraciones deberán trabajar de forma coordinada en este sentido. Pone especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana y en la importancia estratégica del transporte de mercancías para la economía.
El segundo eje, para una movilidad limpia y saludable, prioriza la movilidad activa y el transporte público colectivo en las ciudades. Así, da alternativas atractivas al vehículo privado, facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles y refuerza el papel de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
También incluirá herramientas para un sistema de movilidad y transporte digital e innovador, como un espacio de pruebas para probar proyectos y la introducción de los principios que deberán seguir las administraciones para introducir los vehículos automatizados o sin conductor, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y la colaboración público-privada.
El cuarto pilar apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad mediante una mayor participación pública, transparencia y rendición de cuentas. Además, faculta al Gobierno para realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
La futura Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que consta de un foro de cooperación entre todas las administraciones, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios, un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM) y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible coordinada (DOMOS).
Otras reformas introducidas hacen referencia a la garantía de un sistema de transporte urbano colectivo homogéneo para todas las ciudades, a la obligación de velar por una movilidad sostenible y activa por parte de las administraciones públicas y de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo por parte de empresas con 500 o más empleados.
De la misma manera, establece mayores exigencias en la planificación mediante la elaboración de un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) y de Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados, así como en la mejora medioambiental.
Adicionalmente, apoya la actuación de otras administraciones y, en la vertiente social, fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización. En cuanto a la digitalización, profundiza en obligaciones para facilitar información de los servicios al Punto de Acceso Nacional, lo que impulsa la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes.