Las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea para la revisión de la Directiva sobre datos abiertos e información del sector público, conocida como Directiva PSI, han llegado a su fin con un acuerdo por el que se facilitará la disponibilidad y la reutilización de los datos del sector público.
La Directiva PSI entró en vigor en 2003 y fue revisada en 2013. Ahora vuelve a ser revisada tomando como base las propuestas de cambio de la Comisión Europea sobre la que se ha estado negociando hasta el pasado martes, 22 de abril. Se trata de una revisión clave para un sector con un valor económico que pasará de los 52 mil millones que generó en 2018 a los 194 mil millones en 2030, según datos facilitados por el vicepresidente para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip.
Aspectos que abarca la revisión de la Directiva PSI
El acuerdo alcanzado establece que, en principio, todo el contenido del sector público accesible, teniendo en cuenta las normativas nacionales de acceso a documentos, debe estar disponible de manera gratuita para su reutilización para facilitar el acceso a los mercados de las pymes y empresas emergentes que generen nuevos servicios y productos a partir de esos datos. Además, establece que «se prestará especial atención» a los conjuntos de datos de alto valor, como estadísticas o datos geográficos, por su alto potencial comercial.
También señala que cuando las empresas de transportes y servicios públicos decidan abrir sus datos en función de las normas nacionales o europeas, esos datos estarán cubiertos por la Directiva PSI, lo que significa que han de cumplir sus principios para garantizar que puedan ser reutilizados, pero sí podrán establecer cargos económicos razonables por su reutilización.
La revisión de la directiva recuerda que algunos organismos públicos llegan a acuerdos complejos con empresas privadas que pueden provocar que la información del sector público quede bloqueada. Por eso señala que «se establecerán salvaguardas» para reforzar la transparencia y limitar aquellos acuerdos que puedan conducir a que esos datos solamente puedan ser reutilizados por parte de socios privados.
Aprobación formal y adaptación de los estados miembros
Además, los negociadores han acordado que los datos de investigaciones financiadas con fondos públicos también deben publicarse y estarán regulados por la propia Directiva PSI. En este sentido, la comisionada para la Economía y la Sociedad Digital, Mariya Gabriel, recordó que «la información del sector público ya ha sido pagada por el contribuyente» y más allá de que benefician a la economía, «son importantes para nuestra democracia y nuestra sociedad».
Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deberán adoptar formalmente las normas revisadas y los estados miembros deberán implementarlas en un plazo de dos años antes de que la revisión entre en vigor.