El Gobierno de España ha presentado la séptima y última solicitud de pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por un importe de 25.861 millones de euros, con la que culmina la ejecución del Plan. La petición es la de mayor cuantía registrada por un Estado miembro, tanto por volumen de fondos solicitados como por número de hitos y objetivos acreditados.
La solicitud comprende 148 hitos y objetivos, equivalentes al 30% del total programado por España. De ellos, 130 corresponden a transferencias no reembolsables y 18 a préstamos. El desembolso incluye 21.463 millones de euros en transferencias, de los que España podría recibir 18.711 millones en términos netos tras descontar la prefinanciación inicial, y 4.398 millones en préstamos, 4.166 millones netos.
Calendario final del Plan de Recuperación
Con esta tramitación, los fondos asignados en el PRTR alcanzarían los 101.300 millones de euros. La presentación se enmarca en el calendario de cierre del Mecanismo, que fijaba el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para cumplir los hitos y objetivos y el 30 de septiembre de 2026 para remitir las últimas solicitudes de pago. La Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar el desembolso correspondiente.
Entre los ámbitos incluidos figura vivienda y rehabilitación. Se ha iniciado la construcción de 23.000 viviendas destinadas al alquiler social, de las que 16.000 ya están finalizadas y el resto está previsto para los próximos meses. También se ha formalizado la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para promoción de vivienda social, dotada con 568 millones de euros para 4.675 viviendas.
En rehabilitación residencial, la solicitud acredita 53.375 certificados de eficiencia energética, con una reducción media del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Las deducciones fiscales acumuladas suman 734 millones de euros, se han renovado 1,23 millones de m² de edificios públicos y se han completado 854 proyectos de energía limpia en pequeños municipios.
Vivienda, inversión y tejido productivo
El fondo España Crece recibe una inyección de más de 13.300 millones de euros en el ICO y cuenta con una política de inversión orientada a vivienda asequible, transición verde y proyectos innovadores. Esa política dirige los recursos a inversiones verdes como edificios energéticamente eficientes, energías renovables, material rodante para transporte urbano limpio y eficiencia energética en pymes.
La solicitud también recoge la culminación de instrumentos financieros del Plan, con 4.390 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, gestionado por el Grupo BEI; 2.000 millones del fondo FOCO; 1.445 millones del fondo Next Tech; 878 millones del mecanismo de financiación del PERTE Chip, y la línea ICO Empresas y Emprendedores.
En transición energética y descarbonización se acreditan ayudas por cerca de 7.500 millones de euros para hidrógeno renovable, transición ecológica, descarbonización y modernización industrial. Además, se han adjudicado 161 proyectos de digitalización de las redes de distribución eléctrica.
Movilidad, energía y cohesión social
En movilidad sostenible se han ejecutado más de 1.000 proyectos, con una inversión pública superior a 2.900 millones de euros. La solicitud incorpora ayudas para la compra de cerca de 175.000 vehículos eléctricos y la instalación de más de 116.270 puntos de recarga, junto con inversiones en la red transeuropea de transporte, la mejora de estaciones ferroviarias y la gestión del tráfico aéreo.
En cohesión social, igualdad y calidad del gasto público, se ha aprobado un conjunto mínimo común de servicios sociales para todo el territorio, con su sistema de información. También se incluyen 1.805 millones de euros en infraestructuras, equipamiento y digitalización de servicios sociales, y 304 millones en actuaciones para la autonomía personal y la vida independiente.
La petición acredita la entrada en vigor de la Ley Orgánica de representación paritaria, que garantiza presencia equilibrada de mujeres y hombres en listas electorales, órganos constitucionales y el Consejo de Ministros. Además, se ha creado el Consejo Asesor de Brecha de Género y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un nuevo ciclo de revisiones del gasto sobre instrumentos de apoyo a pymes, MUFACE, incapacidad temporal, ayuda oficial al desarrollo e Ingreso Mínimo Vital.
Industria, digitalización y ejecución administrativa
En liderazgo industrial, tecnológico y digital se incluyen proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y transformación digital, entre ellos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). En semiconductores, la solicitud recoge 153 millones de euros para la participación en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Conectividad y otros proyectos de la cadena de valor, la capitalización de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) con más de 368 millones y la creación de 13 cátedras universitarias especializadas.
En digitalización destacan 693 millones de euros para la transformación digital de administraciones autonómicas y locales, cerca de 300 millones para despliegue de banda ancha, 839 millones para tecnología 5G, bonos de conectividad para colectivos vulnerables y pymes, una contribución de 300 millones a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) y la participación en programas de la Agencia Espacial Europea. El Plan ha impulsado cerca de cuatro millones de formaciones en competencias digitales y el 66,2% de los ciudadanos cuenta con competencias digitales básicas, más de diez puntos por encima de la media europea.
El cierre incorpora además programas de emprendimiento y de centros de innovación digital, así como 1.450 proyectos de economía circular y gestión de residuos, con una inversión pública asociada de alrededor de 1.150 millones de euros. Otras medidas abarcan formación profesional, con la creación o conversión de 3.631 grupos de FP en formato bilingüe y 6.585 nuevos grupos respecto al curso 2019/2020; sanidad, con el Espacio Nacional de Datos de Salud; ciencia e innovación, con el PERTE Aeroespacial y la transferencia de conocimiento; agua, con infraestructuras hídricas y de depuración y seguridad de presas; y biodiversidad, transición justa, patrimonio histórico y ayudas a cerca de 1.900 beneficiarios y proyectos de las industrias culturales y creativas.
La séptima solicitud incorpora tres objetivos procedentes de la sexta solicitud de pago, cuyos requisitos de ejecución se han clarificado mediante una adenda técnica acordada con la Comisión Europea. La verificación de los 148 hitos y objetivos ha requerido más de 3,3 millones de documentos remitidos a Bruselas, casi el doble que en la solicitud anterior, y la participación de 5.505 responsables de las administraciones públicas, un 50% más que en la sexta solicitud.
En el despliegue administrativo han intervenido 4.307 responsables de entidades locales y sus equipos, 638 de comunidades autónomas, 159 del ámbito universitario, 294 de la Administración General del Estado (AGE) y 107 del sector público institucional. La coordinación ha sido liderada por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, en un proceso que ha requerido articular la actuación de la AGE, comunidades autónomas, entidades locales y universidades en torno a este instrumento.