La transformación digital del sector público ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad estratégica. En un contexto en el que los ciudadanos esperan servicios más rápidos, personalizados y eficientes, los gobiernos deben aprovechar las tecnologías digitales para responder a las crecientes demandas sociales. El informe Digital Government Outlook 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analiza el estado de la digitalización en 36 países miembros y 8 países en proceso de adhesión, ofreciendo una visión detallada de los avances alcanzados y de los retos que aún persisten.
El estudio señala que los gobiernos han construido una base tecnológica sólida durante los últimos años, pero que el verdadero desafío consiste en convertir esas infraestructuras digitales en resultados tangibles para ciudadanos, empresas y administraciones públicas.
Un progreso en la madurez digital
Los principales indicadores utilizados por la OCDE, el Índice de Gobierno Digital (DGI, por sus siglas en inglés) y el OURdata Index, muestran una evolución positiva respecto a la edición de 2023. El DGI aumentó una media de nueve puntos porcentuales entre los países analizados, mientras que el OURdata registró una mejora de cinco puntos porcentuales. Estos avances reflejan una mayor madurez de los gobiernos en ámbitos clave de la transformación digital, como la gobernanza de los servicios públicos digitales, el uso estratégico de los datos, el diseño de servicios centrados en las personas y la incorporación de la inteligencia artificial en la administración pública. En conjunto, los países han fortalecido sus capacidades digitales y consolidado marcos estratégicos más completos y estructurados que en ediciones anteriores.
No obstante, el informe señala una brecha persistente entre la formulación de estrategias y su implementación efectiva. Aunque muchos gobiernos han desarrollado planes ambiciosos en materia digital, todavía encuentran dificultades a la hora de ejecutarlos, evaluarlos de forma sistemática y medir su impacto real en la ciudadanía.
En este sentido, el informe señala que disponer de una estrategia digital no es suficiente para garantizar avances efectivos. La OCDE destaca que el principal desafío para los gobiernos es la implementación de estas estrategias y su capacidad para traducirse en mejoras medibles en la prestación de los servicios públicos, así como en la evaluación sistemática de sus resultados e impacto.
España, entre los países más avanzados en gobierno digital
España se sitúa entre los países con mejores resultados en materia de gobierno digital y reutilización de datos públicos, según el Digital Government Outlook 2026 de la OCDE. El país alcanza una puntuación de 0,76 en el índice Open, Useful and Re-usable Data (OURdata) 2025, por encima de la media de la OCDE (0,53), lo que refleja un desempeño destacado en las políticas de reutilización de la información del sector público. En el DGI, España obtiene 0,75, también por encima de la media (0,70), consolidando su posición como uno de los países con un gobierno digital más avanzado y estructurado.
El informe destaca el modelo de gobernanza de la transformación digital en España. La Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) lidera la estrategia de digitalización de la Administración General del Estado y coordina su implementación con comunidades autónomas y entidades locales, con el objetivo de impulsar servicios públicos interoperables y reforzar la cohesión del ecosistema digital.
A este modelo se suma la existencia de un Consejo Asesor Internacional sobre Inteligencia Artificial y un marco de gobernanza del dato basado en estándares técnicos que buscan mejorar la calidad, la interoperabilidad y el intercambio de información entre administraciones. En este contexto, la inteligencia artificial se consolida como un eje estratégico de la modernización del sector público.
En cuanto a los resultados del DGI, España se sitúa por encima de la media de la OCDE, con una puntuación de 0,75 frente a 0,70. El país destaca especialmente en diseño digital desde el origen, administración basada en datos, gobierno como plataforma y proactividad en los servicios públicos.
Sin embargo, el informe identifica dos áreas de mejora: el enfoque centrado en el usuario y la apertura por defecto, donde España se sitúa ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Esto apunta a la necesidad de reforzar la personalización de los servicios y las políticas de transparencia y acceso a los datos públicos.
En el ámbito del capital humano, la OCDE subraya el esfuerzo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en la formación de empleados públicos en competencias digitales, con programas en inteligencia artificial, ciberseguridad, datos abiertos, análisis de datos e innovación pública.
El informe sitúa además a España entre los países con programas más completos de formación en inteligencia artificial en el sector público, con contenidos que abarcan el uso práctico y ético de la tecnología, su aplicación a los servicios públicos y la formulación de políticas.
No obstante, persisten retos en la evaluación de las inversiones digitales y en el uso sistemático de datos para el diseño de servicios públicos, así como en la medición de las necesidades de los usuarios a lo largo del ciclo de los servicios.
Infraestructuras digitales más sólidas
Uno de los aspectos más positivos del informe es la consolidación de las denominadas infraestructuras públicas digitales. Actualmente, la mayoría de los países de la OCDE dispone de sistemas de identidad digital, plataformas comunes para compartir información y estrategias nacionales de gestión de datos.
Un dato especialmente significativo es que el 69% de los países ya permite acceder a más de la mitad de sus servicios públicos en línea mediante un sistema de identidad digital. Este avance simplifica numerosos trámites administrativos, reduce desplazamientos y facilita una relación más ágil entre ciudadanos y administraciones.
Asimismo, todos los países analizados cuentan con estrategias específicas para gestionar los datos públicos. La interoperabilidad entre administraciones también ha mejorado considerablemente, permitiendo compartir información entre organismos y evitando que los ciudadanos tengan que aportar repetidamente la misma documentación.
No obstante, la OCDE señala que estas infraestructuras todavía no se utilizan de forma homogénea. Aunque existen sistemas para compartir datos, únicamente dos tercios de los países han logrado extender su uso de manera generalizada en todas las administraciones. Además, disponer de una identidad digital no siempre garantiza un acceso sencillo y uniforme a todos los servicios públicos.
El siguiente paso será lograr que estas herramientas funcionen como un ecosistema integrado, con normas comunes, financiación estable y una gobernanza que garantice tanto la seguridad como la confianza de los usuarios. En este contexto, el informe subraya que el reto no es solo desarrollar estas infraestructuras, sino garantizar su uso efectivo y coherente en todos los niveles de la administración.
La inteligencia artificial gana protagonismo
Uno de los grandes protagonistas del informe es la inteligencia artificial (IA). Su adopción dentro del sector público ha experimentado un crecimiento muy acelerado durante los últimos años, hasta el punto de convertirse en una herramienta presente en prácticamente todas las administraciones de la OCDE. El uso de la inteligencia artificial en el sector público se concentra en distintas áreas de actuación, desde la gestión interna hasta la supervisión y la prestación de servicios.
La mayoría de los países cuenta ya con estrategias nacionales de inteligencia artificial, instituciones específicas para su desarrollo y programas de formación dirigidos a empleados públicos. Este despliegue refleja una apuesta generalizada por incorporar la IA tanto en la mejora de los procesos internos como en la prestación de servicios públicos.
Las aplicaciones son cada vez más amplias y abarcan la automatización de procedimientos administrativos, la optimización de la atención ciudadana, la gestión documental, la detección de fraudes y errores, y el apoyo a la toma de decisiones en la planificación de políticas públicas. En algunos casos, también se emplea para ofrecer servicios más personalizados y adaptados a las necesidades de los usuarios.
Sin embargo, el informe subraya que este avance no siempre va acompañado de marcos de gobernanza suficientemente robustos. Aunque la IA ya está ampliamente desplegada, todavía son pocos los gobiernos que evalúan de forma sistemática su impacto, disponen de herramientas de supervisión consolidadas o aplican de manera generalizada evaluaciones de riesgos antes de su implementación.
Asimismo, mecanismos como los registros de transparencia sobre el uso de sistemas de IA o el apoyo estructurado a la adquisición de estas tecnologías siguen siendo limitados en muchos países. Esto genera una brecha entre la rapidez con la que se adopta la tecnología y la capacidad institucional para gestionarla de forma segura y basada en evidencia.
En este contexto, la OCDE advierte de que el principal desafío ya no es únicamente la adopción de la inteligencia artificial, sino su implementación responsable. Esto implica igualar el ritmo de expansión de estas herramientas con el desarrollo de reglas más sólidas, capacidades digitales adecuadas y sistemas de evaluación que permitan comprobar su efectividad en la práctica.
Inversión pública y competencias digitales: dos retos clave
Otro de los principales hallazgos del informe se refiere a la gestión de las inversiones tecnológicas y al desarrollo de competencias digitales en el sector público. Aunque los gobiernos están destinando cada vez más recursos a la digitalización, el 75% de los países de la OCDE no evalúa de forma sistemática si estas inversiones alcanzan los resultados previstos.
Esta ausencia de evaluación dificulta la identificación de los proyectos que generan valor público y de aquellos que requieren ajustes, lo que limita la capacidad de optimizar el gasto y de priorizar las iniciativas más eficaces. A ello se suma que muchos sistemas presupuestarios continúan basados en modelos tradicionales, poco adaptados a un entorno tecnológico que exige enfoques ágiles, iterativos y orientados a la mejora continua.
En este contexto, la OCDE recomienda adaptar los mecanismos de financiación y supervisión a la naturaleza dinámica de las tecnologías digitales, promoviendo proyectos flexibles capaces de evolucionar en función de las necesidades de la sociedad. Este enfoque se articula en un marco basado en tres pilares: la planificación estratégica de las inversiones, la implementación coherente de los proyectos y una supervisión integral orientada a la evaluación de resultados, la rendición de cuentas y la medición del impacto.
De forma paralela, el informe subraya que la transformación digital no depende únicamente de la inversión tecnológica, sino también de la disponibilidad de talento cualificado. Aunque en los últimos años han aumentado las iniciativas de formación en competencias digitales, estos esfuerzos siguen siendo, en muchos casos, dispersos y poco coordinados.
Solo seis países cuentan con una estrategia nacional específica para el desarrollo de una fuerza laboral digital en la administración pública. Asimismo, la OCDE destaca la importancia de equilibrar la contratación de proveedores externos con el fortalecimiento de capacidades internas, ya que una dependencia excesiva del sector privado puede limitar la capacidad de las administraciones para gestionar y supervisar sus propios sistemas digitales.
Por ello, la OCDE recomienda reforzar la formación continua de los empleados públicos en ámbitos como el análisis de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la experiencia de usuario y la gestión de proyectos digitales.
Servicios públicos centrados en las personas
El informe subraya la necesidad de diseñar los servicios públicos en función de las necesidades reales de la ciudadanía, más que de la estructura interna de las administraciones. En la práctica, esto implica superar el modelo tradicional en el que los ciudadanos deben interactuar con múltiples organismos para un mismo trámite.
La OCDE propone un enfoque basado en acontecimientos de vida, en el que los servicios se organicen alrededor de situaciones concretas como el nacimiento de un hijo, el inicio de un negocio, la jubilación o un cambio de residencia. Este modelo requiere una mayor interoperabilidad entre administraciones, la eliminación de duplicidades y el desarrollo de experiencias digitales más simples, intuitivas y accesibles.
En este contexto, la confianza se identifica como un elemento clave. El uso de los servicios digitales depende de que los ciudadanos perciban que sus datos personales están protegidos, que las decisiones automatizadas son transparentes y que mantienen el control sobre su información.
A partir de este enfoque centrado en las personas, el informe plantea varias líneas de actuación para consolidar la transformación digital del sector público. En primer lugar, recomienda ampliar el uso de infraestructuras digitales compartidas, como la identidad digital, los sistemas de intercambio de datos y las plataformas comunes entre administraciones.
En segundo lugar, destaca la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para el uso de la inteligencia artificial, garantizando su aplicación de forma segura, ética y escalable, acompañada de mecanismos sólidos de evaluación y supervisión. Asimismo, insiste en que el diseño de los servicios públicos debe partir siempre de la perspectiva del ciudadano, reduciendo barreras administrativas y avanzando hacia soluciones digitales integradas.
Por último, la OCDE propone adaptar los sistemas de gobernanza, financiación y desarrollo del talento al ritmo de la innovación tecnológica, con el objetivo de que las administraciones puedan responder con mayor agilidad a los cambios sociales y económicos.
En conjunto, el Digital Government Outlook 2026 muestra que los países de la OCDE han avanzado de forma significativa en la construcción de gobiernos digitales más modernos, conectados y orientados al ciudadano. Estas mejoras se reflejan en las distintas dimensiones del DGI, especialmente en aquellas relacionadas con los servicios impulsados por el usuario y la capacidad de los gobiernos para ofrecer soluciones más integradas.
Sin embargo, el informe advierte que el éxito de la transformación digital no depende únicamente de la incorporación de nuevas tecnologías, sino de su integración efectiva en el funcionamiento diario de las administraciones. La evaluación de resultados, el fortalecimiento de las capacidades del personal público, la garantía de la confianza ciudadana y el diseño de servicios centrados en las personas se presentan como elementos clave para transformar estos avances en un impacto real y sostenido.