La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte, uso del suelo y fiscalidad con la finalidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% para 2030. Además, la Comisión ha presentado los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos de la Ley Europa del Clima.
El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, establece el objetivo de convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. En cuanto a la Ley Europea del Clima, que entra en vigor este mes, consagra en una legislación vinculante el compromiso de la UE con la neutralidad climática y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de GEI en un 55%, como mínimo, de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Las propuestas presentadas por la Comisión el pasado 14 de julio, interrelacionadas y complementarias, facilitarán la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década para conseguir una Europa más ecológica, justa y competitiva.
Propuestas interrelacionadas y complementarias
El conjunto de propuestas de la Comisión Europea combina un mayor uso de las energías renovables, una mayor eficiencia energética, el despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles necesarios para sostenerlos, el ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo, medidas para evitar la fuga de carbono e instrumentos para preservar y potenciar sumideros naturales de carbono.
Incluye la aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. En concreto, propone rebajar el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción, establecer un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios y aumentar el tamaño de los Fondos de Innovación y Modernización, entre otras cosas.
Para complementar el gasto en materia de clima en el presupuesto de la Unión Europea, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía.
Asimismo, propone un Reglamento de reparto del esfuerzo que asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias; y un Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, que establece un objetivo a nivel europeo para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030, y la meta de alcanzar la neutralidad climática en este ámbito de aquí a 2035.
La Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40% de la energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala europea.
Por su parte, el Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en línea con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno. Esto permitirá unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas.
Las propuestas de la Comisión Europea también contemplan las iniciativas relativas a los combustibles de aviación sostenibles (ReFuelEU) y del transporte marítimo (FuelEU).
En cuanto a la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la Unión Europea, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles.
Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para que la acción por el clima en Europa no se traduzca en una fuga de carbono.
Transición socialmente justa
El conjunto de medidas de la Comisión Europea está formulado de manera que los costes de combatir el cambio climático queden repartidos equitativamente. Además, los instrumentos de tarificación del carbono generan ingresos que pueden reinvertirse para estimular la innovación, el crecimiento económico y las inversiones en tecnologías limpias.
Se propone un nuevo Fondo Social para el Clima que proporcione financiación específica a los Estados miembros para ayudar a la ciudadanía a costear inversiones en movilidad sostenible, eficiencia energética, y nuevos sistemas de calefacción y refrigeración.
Este nuevo fondo se financiará con cargo al presupuesto de la Unión Europea, utilizando un importe equivalente al 25% de los ingresos previstos del comercio de derechos de emisión para los combustibles de la construcción y el transporte por carretera. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los países comunitarios para el periodo 2025-2032 sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual. Con una propuesta para aprovechar la financiación correspondiente de los Estados miembros, el Fondo Social para el Clima movilizará 144.400 millones de euros para una transición socialmente justa.