La Plataforma de Intermediación aporta eficiencia, ahorros y comodidad a las Administraciones Públicas y los ciudadanos.

La Plataforma de Intermedicación tiene el objetivo primordial de facilitar a las administraciones el cumplimiento del artículo 6.2.b de la ley 11/2007 de no pedir a los ciudadanos documentos que obren en poder de la administración (sea cual sea esta, AGE, CCAA, EELL) en todos los trámites administrativos en los que pudieran ser requeridos, estos documentos se sustituyen por una consulta a la Plataforma de Intermediación.

Desde el año 1992, la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), ya contempla en su artículo 35.f, el derecho de los ciudadanos a no presentar, para los trámites administrativos, documentos que ya obren en poder de la Administración actuante. Este derecho, reforzado por la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico del Ciudadano a los Servicios Públicos no se venía ejerciendo realmente.

Con la implantación de esta Plataforma de Intermediación, los organismos tramitadores pueden verificar automatizadamente y on-line, entre otros, los datos de identidad, residencia, deuda con la AEAT o la Tesorería de la Seguridad Social, Prestaciones por Desempleo (SEPE), Datos Catastrales, Títulos Universitarios y no Universitarios del ciudadano, etc., necesarios en el procedimiento administrativo. De esta forma se evita la aportación de los correspondientes documentos por el ciudadano y adicionalmente evita el fraude en las solicitudes o tramites relacionados.

Reutilización de servicios disponibles

El sistema se ha construido reutilizando servicios básicos que estaban disponibles en el momento de su diseño. De este modo se han utilizado los servicios prestados por la plataforma de validación de certificados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, @firma y la especificación de mensajes definidas por el proyecto Sustitución de Certificados en Soporte Papel (SCSP), que precisamente tiene en cuenta todos los elementos necesarios para que las transmisiones de datos realizadas entre Administraciones satisfagan todas las consideraciones legales que les afectan.

La puesta en marcha del sistema ha significado un aumento de la calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas o errores, ya que éstos son verificados directamente por el organismo competente contra las fuentes de datos, mejorando la eficiencia y eficacia de la Administración; un incremento de la interoperabilidad organizativa entre los distintos departamentos y organismos de las Administraciones Públicas y la simplificación de los procedimientos administrativos. En cuanto a cifras, estas son las primeras extraídas:

 
 
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