La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, concebida como hoja de ruta para orientar las políticas frente a los cambios que afectan a los territorios rurales y de baja densidad en España.
El documento actuará como marco rector de la política de reto demográfico y lucha contra la despoblación. Define líneas de acción y medidas que deberán desarrollarse en los distintos niveles de la Administración, conforme a sus competencias, e incorpora también la participación de la sociedad civil con el objetivo de reforzar la integración de las actuaciones.
La estrategia se estructura en siete elementos: cinco pilares verticales y dos ejes transversales. Este esquema combina adaptación climática, acceso a servicios, dinamización económica, inclusión social, cultura local, generación de conocimiento y mejora de la gobernanza territorial.
Pilares de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico
El primer pilar se centra en la resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios. Parte de la vulnerabilidad del medio rural y de las zonas de reto demográfico ante el cambio climático, y plantea instrumentos para reconocer los servicios ambientales que prestan, aprovechar las oportunidades asociadas a la transición ecológica y reforzar su capacidad de adaptación.
El segundo pilar aborda la equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios. Su finalidad es reducir las brechas urbano-rurales, garantizar condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida en el conjunto del territorio y asegurar un acceso funcional a los servicios esenciales.
Por su parte, el tercer pilar se dirige al dinamismo socioeconómico local. Incluye el impulso del desarrollo endógeno, la atracción de talento, la generación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las características de cada territorio, mediante innovación, emprendimiento, economía social y cooperación intermunicipal.
El cuarto pilar se ocupa de la igualdad y la inclusión en los territorios, con medidas orientadas a la cohesión social, el arraigo y la igualdad de oportunidades. Prevé políticas activas de acogida e inclusión dirigidas a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, migrantes nacionales y extranjeros, así como a otros colectivos vulnerables o con necesidades específicas.
Finalmente, el quinto pilar se centra en la cultura, la identidad y el arraigo. Plantea apoyar la cultura local, preservar sus activos y promover una comunicación más representativa de la realidad rural contemporánea, con el objetivo de visibilizar sus transformaciones, posibilidades y aportaciones al conjunto de la sociedad.
Plan Estatal País de los 30 Minutos y observatorio territorial
La estrategia se desplegará mediante el Plan Estatal País de los 30 Minutos, que prevé una actuación integrada de todos los ministerios, especialmente aquellos con presencia territorial. El plan requerirá también la cooperación de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
Este instrumento adapta el concepto de ciudad de proximidad o ciudad de 15 minutos a zonas rurales, ciudades pequeñas y áreas de menor densidad urbana. Su objetivo es que las personas residentes en estos entornos puedan acceder a los servicios cotidianos a una distancia aproximada de media hora.
El documento incorpora además dos ejes transversales. El primero, dedicado a ciencia, investigación y herramientas de conocimiento, busca generar datos, análisis e investigaciones útiles para el diseño de políticas públicas y disponibles para administraciones, comunidad investigadora, asociaciones, actores territoriales y ciudadanía.
El segundo eje transversal se centra en gobernanza, perspectiva rural y planificación. Incluye el refuerzo de la gobernanza multinivel, la participación, la escalabilidad territorial y las capacidades técnicas de las entidades locales, así como la actualización normativa y la mejora de herramientas para aplicar el mecanismo rural de garantía.
La estrategia irá acompañada de un Observatorio de equidad territorial y reto demográfico, concebido como herramienta de análisis, estudio y evaluación. A partir de distintos indicadores, permitirá identificar vulnerabilidades territoriales, mejorar los diagnósticos y facilitar el diseño de políticas públicas adaptadas a las condiciones concretas de cada territorio.
Proceso participativo de la estrategia contra la despoblación
La elaboración de la estrategia comenzó con una consulta pública previa en febrero de 2025, en la que se recibieron 193 aportaciones de entidades del mundo rural, municipios y particulares. Algunas de esas contribuciones integraban propuestas procedentes de distintas entidades.
El texto se completó con talleres con la sociedad civil en el Foro de Cohesión Territorial, asesoramiento de expertos del ámbito académico y debates con las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial de Reto Demográfico. Tras su presentación en febrero de 2026, se abrió un segundo proceso de participación pública que reunió 63 aportaciones.
En esa segunda fase participaron ayuntamientos y diputaciones, comunidades autónomas, universidades, empresas, asociaciones, fundaciones y ciudadanos a título individual. Dentro de la administración autonómica presentaron propuestas Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.