La Comisión Europea ha publicado un documento que recoge los resultados de la evaluación de las normas sobre ayudas estatales europeas para el despliegue de redes de banda ancha: las Directrices de Banda Ancha y el Reglamento general de exención por categorías. El análisis concluye que la normativa existente es adecuada para su objetivo pero que resulta necesario adaptar las normas a los progresos tecnológicos recientes y a los objetivos digitales de la UE.
La evaluación de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea para el despliegue de la banda ancha ha constado de análisis internos, consultas públicas y específicas de las partes interesadas, así como de un estudio realizado por un consultor externo.
El objetivo era analizar el rendimiento del marco normativo actual con respecto a sus principales propósitos y evaluar si sigue siendo adecuado o si es necesaria su actualización para adaptarlo a los recientes desarrollos tecnológicos y de mercado.
Resultados de la evaluación
Como resultado, la evaluación recoge que las Directrices de Banda Ancha y el Reglamento general de exención por categorías son adecuados para su propósito y han contribuido al despliegue y la implantación de redes de banda ancha.
No obstante, el estudio ha revelado que necesitan ajustes para su simplificación, para adaptarse a los últimos avances tecnológicos, aclarar algunos conceptos y reflejar las prioridades actuales de la Unión Europea, en especial las de la Sociedad Gigabit 2025 y la Brújula Digital 2030. En este sentido, las partes interesadas acogerían positivamente una alineación de los umbrales de intervención con los objetivos de la Sociedad Gigabit, una mayor orientación sobre medidas de ayudas estatales compatibles para el despliegue de redes móviles y medidas destinadas a estimular la demanda.
La Comisión Europea tendrá en cuenta los resultados de la evaluación al revisar las normas vigentes. En las próximas semanas, publicará una hoja de ruta e invitará a las partes interesadas a compartir sus alegaciones sobre este documento. Posteriormente, en otoño de 2021, se abrirá una consulta pública sobre el proyecto de Directrices revisadas.
Así, la Comisión pretende adoptar normas revisadas que permitan, en mayor medida, la intervención de las autoridades públicas para garantizar una transformación digital justa de la Unión Europea, en línea con los fondos Next Generation EU y la Estrategia Digital.