El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que establece las nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Esta norma sustituye a la anterior, aprobada hace más de 20 años, y se enmarca en una de las principales líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el impulso a la digitalización de la administración pública.
La Caja General de Depósitos se encarga de gestionar de manera centralizada los depósitos y garantías que los particulares tienen que presentar ante la Administración General del Estado como requisito para poder participar en diversos procedimientos, como contrataciones públicas, concesión de subvenciones o subastas de bienes, así como para obtener autorizaciones para operar en determinados sectores, como el energético.
Este organismo gestiona cerca de 60.000 expedientes de constitución de garantías al año, por un volumen de 13.000 millones de euros, y una cifra equivalente de expedientes de cancelación de garantías. Una tramitación rápida y eficiente de la constitución y cancelación de estas garantías reducirá costes de gestión y liberará recursos financieros de los particulares que las aportan.
Transformación digital de la Caja General de Depósitos
Con la aprobación del Real Decreto, que establece nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de usar medios telemáticos, agilizando los plazos y garantizando la máxima seguridad. Se sustituyen las garantías en papel por otras en formato electrónico y se favorece que la ciudadanía y las entidades financieras avalistas puedan conocer por medios electrónicos el estado de los depósitos y garantías, además de hacer las gestiones necesarias en remoto.
Asimismo, se simplifican y mejoran los procedimientos para atender las necesidades detectadas a lo largo del periodo en el que el anterior reglamento ha estado en vigor y se adaptan a los cambios normativos producidos en este tiempo.