El informe ‘Inteligencia Artificial en los servicios públicos’, elaborado por AI Watch -el servicio de conocimiento de la Comisión Europea para monitorizar el desarrollo, la captación y el impacto de la IA en Europa-, revela que el interés en el uso de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos para rediseñar los procesos de gobernanza y los mecanismos de formulación de políticas, así como para mejorar la prestación de servicios públicos, y el interés de los ciudadanos, están creciendo.
Los resultados del informe sobre el primer mapeo exploratorio del uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos en los 27 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Reino Unido, así como la construcción de un primer inventario de 230 casos de estudio, contribuyen a definir el estado actual de la IA y proporcionan una visión general de los esfuerzos de los Estados miembros para crear una metodología con el fin de adoptar esta tecnología en operaciones gubernamentales y en el sector público en general.
El documento, elaborado por los investigadores Gianluca Misuraca y Colin van Noordt, es el resultado del trabajo realizado por el AI Watch, el área de Economía Digital del Joint Research Centre (JRC), en colaboración con las unidades de eGovernment y Confianza de DG Connect, y el apoyo del Programa ISA2 a través de las actividades de ELISE (European Location Interoperability Solutions for eGovernment Action), codirigido por JRC y Digit.
IA para ofrecer soporte en línea, la tipología más común
El informe clasifica los 230 casos de estudio en diez tipologías de inteligencia artificial: procesamiento de audio (8); chatbots, asistentes digitales inteligentes, agentes virtuales y sistemas de recomendación (52); robótica cognitiva, automatización de procesos y vehículos conectados y autónomos (16); reconocimiento de identidad y visión artificial (29); sistemas expertos basados en reglas y toma de decisiones basadas en algoritmos (29); gestión del conocimiento impulsada por IA (12); machine learning y deep learning (17); procesamiento natural del lenguaje, minería de textos y analítica del discurso (19); análisis predictivo, visualización y simulación de datos (37), y analítica de seguridad e inteligencia de amenazas cibernéticas (11).
Las dos tipologías que aparecen con mayor frecuencia en el mapeo son la interacción en tiempo real con los usuarios de la administración pública (23%), para la prestación de soporte en línea a través de chatbots y similares; y la explotación de los datos disponibles mediante herramientas de visualización, simulación y predicción (16%), dirigida a definir escenarios que mejoren la comprensión de problemas sociales u organizativos. En cuanto a las funciones más comunes de esta tecnología, se encuentran los servicios públicos generales, con 76 casos, salud (41) y asuntos económicos (40).
Con respecto al propósito de la adopción de la IA, el informe hace una clasificación con cinco categorías de tareas gubernamentales: cumplimiento de la regulación existente (20%); investigación, análisis y monitoreo de la normativa (17%), adjudicación de subvenciones y beneficios (5%); servicios públicos (38%), y gestión interna (20%). La mayoría de los sistemas identificados se utilizan para ayudar en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios públicos y contratación (87 de 230 casos, 38%), como los chatbots y sistemas de recomendación que facilitan a personas desempleadas la búsqueda de trabajo, así como la provisión de transcripciones de discursos políticos para personas con dificultades auditivas.
Otras soluciones (en 47 de 230 casos, el 20%) se utilizan para ayudar a las administraciones públicas en el cumplimiento de la regulación existente, detectar fraudes, monitorizar el comportamiento en las redes sociales o detectar los números de matrícula de vehículos estacionados irregularmente.
Asimismo, a fin de mejorar la gestión interna y las operaciones de las agencias gubernamentales, un total de 45 de los 230 casos (20%) se utilizan en el ámbito de Recursos Humanos, para optimizar el consumo de energía o ayudar a los usuarios en la búsqueda de documentos digitalizados y mapas, como en el caso del Registro de la Propiedad de Suecia, donde un sistema es capaz de leer documentos antiguos escritos a mano y convertirlos a formato digital. Por el contrario, su aplicación para conceder ayudas y beneficios es menor.
Mapeo del uso de la inteligencia artificial en servicios públicos
Para realizar el mapeo del uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos en toda Europa, desde mayo de 2019 a febrero de 2020 AI Watch recopiló un conjunto de 230 iniciativas implementadas por entidades gubernamentales. Para ello, se revisaron las principales políticas y estrategias de los Estados miembros, que se complementaron con informes, datos de diversas fuentes e información generada por expertos sobre el uso de la IA pertenecientes a la administración pública. Además, la lista preliminar se completó con casos adicionales enviados por representantes de los países.
La distribución de los proyectos estudiados muestra la falta de correlación entre el tamaño del Estado en términos de población y PIB, y el número de iniciativas. Así, Portugal y los Países Bajos cuentan cada uno con un 8% del total de iniciativas, seguidos por Dinamarca con el 7% y Estonia con el 6%. Los primeros países de mayor tamaño incluidos en la clasificación son Francia y España (5%).
En este inventario preliminar, Eslovenia, España y Suecia muestran evidencias de que un 2% de los casos muestran alguna forma de adopción multinacional de soluciones basadas en IA, a menudo relacionadas con un proyecto de investigación o innovación subvencionado, que está activo en múltiples ubicaciones.
En el análisis ilustrativo de ocho ejemplos incluido en el informe, se encuentra uno de los casos de uso de España. Se trata del sistema VeriPol, un proyecto de IA impulsado por la Universidad Carlos III de Madrid, Policía Nacional y la Universidad de Cardiff para una detección eficaz de informes policiales falsos, una mayor productividad y una reducción de presentación de informes fraudulentos.
Resultados de la encuesta
En el marco del estudio, se realizó una encuesta para recopilar información de los Estados miembros, que fue completada por 18 países: República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, República Eslovaca, Eslovenia, Suecia y Suiza.
De los países participantes, el 67% indicó contar con subvenciones para estimular el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial en el ámbito gubernamental. Un tema estrechamente relacionado con la disponibilidad de formación específica, sobre lo cual un 39% de los encuestados afirmó ofrecer programas formativos a los trabajadores.
Un total de 13 países mencionaron poseer al menos un departamento o equipo dedicado al tema de la inteligencia artificial. Y en términos financieros, tres países aseguraron tener directrices para invertir en IA para el sector público.
Además, nueve países indicaron contar con un marco ético para actuar en el uso y desarrollo de la IA en los servicios públicos, mientras que un total de siete tienen previsto desarrollarlo en el futuro próximo. Sin embargo, ninguno de ellos ha publicado una ley sobre IA en el sector público en los últimos cinco años.
También nueve países contestaron que han realizado un estudio sobre el uso de la inteligencia artificial en sus propias administraciones. Y, finalmente, los servicios públicos prioritarios para los Estados miembros -en los que se puedan aplicar tecnologías como la inteligencia artificial- son salud, seguido de educación, seguridad y orden público, protección y defensa del medio ambiente, y agricultura y transporte.
Base metodológica para la aplicación de inteligencia artificial
La revisión de las estrategias nacionales de IA muestran que la mayoría de países están tomando medidas para estimular el uso de esta tecnología en sus servicios públicos, y que muchos de ellos cuentan con programas de financiación para impulsar soluciones govtech basadas en inteligencia artificial.
El informe concluye que cuando se usa la IA de forma responsable, la combinación de nuevas fuentes de datos con algoritmos avanzados de machine learning pueden mejorar radicalmente los métodos operativos del sector público. Sin embargo, parece existir un desequilibro entre el potencial transformador y la adopción y el uso efectivo de soluciones en el gobierno, y hay escasas evidencias de los impactos sociales y económicos logrados hasta el momento, en parte debido a la limitada atención prestada a la investigación en este ámbito. En este contexto, los casos de estudio analizados confirman que las implicaciones éticas y sociales de la adopción de esta tecnología deberían ser prioritarias para los reguladores.
Una lección aprendida a tener en consideración es que los experimentos piloto a pequeña escala podrían ser exitosos, pero es necesario dedicar más esfuerzos a una adopción más amplia y sostenible.
Igualmente, un hallazgo importante es que más de la mitad de las soluciones (127) parecen conllevar solo cambios técnicos al organismo gubernamental o agencia que las usa, como el caso de los chatbots, que si bien asisten a la ciudadanía, no cambian la naturaleza del servicio. Por su parte, transformaciones más radicales o disruptivas son menos comunes actualmente, mientras que los países más alineados con este último concepto son España y Letonia.
En definitiva, el mapeo muestra una amplia gama de tipos de inteligencia artificial y usos, además de funciones gubernamentales y áreas políticas en las que se han implementado. Estas evidencias sientan las bases para promover la IA en el sector público europeo y abre las puertas a la cooperación e intercambio de conocimientos entre diferentes administraciones.