Según datos del plan de seguimiento de las comunicaciones electrónicas dentro de la Justicia, se han llevado a cabo más de 52 millones de comunicaciones telemáticas desde su implantación y ya trabajan de esta forma dos de cada tres juzgados de las comunidades autónomas que no tienen transferida la Justicia. Estos datos fueron tratados en la reunión mantenida por los miembros de la Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en la ciudad de Oviedo.
En este encuentro abordaron los avances de la Justicia digital, entre los que se trató la situación del Expediente Judicial Electrónico en España, sobre el que el Ministerio de Justicia, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, ha optado por un código que identifique a cada operador jurídico sin que aparezca su DNI.
Estandarización
Durante la reunión se analizaron las propuestas de creación de las sedes judiciales electrónicas de Canarias, Cantabria y Navarra, y la iniciativa para la estandarización de los Códigos Seguros de Verificación de las administraciones de Justicia, que permitirá facilitar y agilizar su cotejo tanto a profesionales como a ciudadanos.
En cuanto a la estandarización de los formularios únicos de entrada en materia de comunicaciones electrónicas, este encuentro ha servido para tratar la homogeneización de esos documentos en el orden penal, tal y como se hiciera previamente en los órdenes civil y social y en el contencioso-administrativo.
La secretaria de Estado de Justicia señaló la necesidad de construir entre todos un sistema de gestión procesal compartido que incluya la transferencia tecnológica para evitar duplicidades a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones y poder trabajar de forma integrada. Para impulsar esta iniciativa, Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado del ramo, inició una ronda de reuniones con los consejeros de Justicia de todas las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia mediante la que confía en alcanzar acuerdos.
Plazos para las comunicaciones electrónicas
Asimismo, Sánchez-Cortés recordó el hito que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil de cara al 1 de enero de 2017, fecha en la que se extiende la obligación de comunicarse de forma electrónica con la Administración de Justicia a otros actores institucionales y profesionales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios instituciones penitenciarias y personas jurídicas.