El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está muy presente en todas las áreas que tienen que ver con la gestión urbana y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) por parte de la Administración Pública. Por eso el informe recientemente publicado por Naciones Unidas bajo el título ‘E-Government Survey 2016’ sobre la Administración electrónica está centrado en la incidencia del e-Gobierno en el logro de los ODS.
Como en ocasiones anteriores, los resultados de las encuestas efectuadas en los 193 países analizados se expresan en un índice global compuesto a su vez por tres subíndices referidos a Infraestructuras de Telecomunicaciones (TII), Capital Humano (HCI) y Servicios Online (OSI). El estudio sitúa a España en el puesto número 11 dentro del Índicie de Servicios Online (OSI) por delante de países como Alemania, Japón o Suecia, y casi a la par en puntuación con Estados Unidos.
En el índice global, España ocupa en el puesto 17 y se mantiene entre los 10 primeros países europeos del ranking a pesar del contexto desfavorable de los últimos años y el aumento generalizado de la inversión en TICs que han experimentado la mayoría de los demás países analizados, tal y como señala el estudio. Estas cuestiones, no obstante, sí se reflejan en la ligera bajada que registra España con respecto al informe de 2014, en el que ocupó el puesto 12.
El estudio valora también muy positivamente la participación a través de la vía electrónica de los ciudadanos españoles. De hecho, les sitúa en el puesto 7 del ranking mundial, entre los más participativos de todo el mundo. Sin embargo, detecta una puntuación más baja en lo relativo al uso de los servicios de Administración electrónica por parte de los ciudadanos españoles. Este dato refuerza la importancia que tienen las nuevas leyes administrativas, que entraron en vigor el pasado domingo, 2 de octubre, en la extensión y promoción de la vía electrónica entre los españoles.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un fuerte impulso a la digitalización de las Administraciones públicas españolas, establecen nuevos derechos para el ciudadano en su relación con la Administración y propician una mayor eficacia, innovación y modernización. Los resultados de estos avances previstos se reflejarán, no obstante, en la siguiente edición del informe de Naciones Unidas de 2018.