La Ley de Infraestructura Gigabit (Gigabit Infrastructure Act, GIA) ha entrado en vigor con el objetivo de acelerar el despliegue de redes de alta capacidad en la Unión Europea y reducir los costes y la complejidad de instalación de la fibra óptica y el 5G. Con esta normativa, la Comisión Europea busca garantizar una conectividad rápida y fiable en todo el territorio, un requisito clave para el desarrollo de servicios digitales avanzados basados en inteligencia artificial y computación en la nube.
El nuevo marco legal sustituye a la Directiva de Reducción de Costes de Banda Ancha de 2014 y representa un paso decisivo para modernizar las infraestructuras de telecomunicaciones europeas. Su aplicación permitirá a los Estados miembros avanzar hacia un mercado digital más competitivo, impulsando la cohesión territorial y el acceso equitativo a los servicios digitales en zonas rurales y urbanas.
Simplificación administrativa y despliegue más rápido
La GIA introduce medidas para simplificar los trámites y coordinar los trabajos entre operadores, facilitando la instalación de redes junto a otras obras públicas. También promueve la digitalización de los procesos de permisos, el acceso a la información sobre infraestructuras existentes y la equipación de nuevos edificios o renovaciones importantes con sistemas preparados para fibra óptica.
El reglamento pretende asegurar un despliegue más rápido, económico y sostenible de las redes gigabit. La Comisión Europea, junto con los Estados miembros y el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC), trabaja ya en la aplicación coordinada de las nuevas normas, que contribuirán a alcanzar los objetivos de la Década Digital 2030, centrados en garantizar el acceso universal a la conectividad de alta velocidad.
Conectividad eficiente y sostenible
Además de mejorar la coordinación entre operadores y obras públicas, la ley fomenta el uso compartido de infraestructuras, la reducción de trabas burocráticas y la implantación de tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental. También impulsa la reutilización de infraestructuras existentes y el despliegue de soluciones de bajo impacto ambiental, como la fibra óptica y el 5G.
En paralelo, la Comisión Europea ha adoptado la Recomendación Gigabit, que orienta a los reguladores nacionales sobre cómo diseñar las obligaciones de acceso para los operadores con poder de mercado y garantizar una transición ordenada del cobre a la fibra óptica, reforzando la competencia en el sector de las telecomunicaciones en Europa.