El Gobierno andaluz ha aprobado este martes la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 que contempla una inversión de 200 millones de euros destinados, según informa la Junta de Andalucía, «a consolidar el tejido productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como elemento clave de un nuevo modelo económico sostenible basado en la trasformación digital de la sociedad».
La Estrategia está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y contempla 23 programas de actuación englobados en nueve ejes, entre ellos, la línea de especialización tecnológica, centrada en áreas con alto potencial de negocio como Big Data, ciberseguridad e Internet de las Cosas.
El Gobierno andaluz quiere aumentar en más de un 25% el peso de las actividades TIC en el Producto Interior Bruto (PIB) regional respecto a 2013, incrementar en un 15% el número de ocupados, hasta superar los 36.200 y aumentar en un 30% tanto el gasto interno en I+D de las empresas como el volumen de exportaciones.
Transformación digital en las empresas
La mayor parte de la inversión prevista, 194,2 millones, corresponde al bloque de fomento de las TIC en otros sectores productivos, con programas como el que se pondrá en marcha para estimular la demanda tecnológica entre las empresas. En el marco de esta iniciativa, la Junta abrirá una nueva línea de ayudas específicas para respaldar proyectos de transformación digital.
Destacan asimismo las medidas para estimular la innovación y especialización tecnológica (3,21 millones) y las destinadas a vertebración del sector (607.849 euros), mejora de la gestión empresarial (561.000) y apertura de nuevos mercados y atracción de inversiones exteriores (495.400).
En materia de capital humano, destaca el programa de desarrollo de nuevos profesionales TIC, que incluirá acciones formativas para universitarios de carreras tecnológicas, convenios con empresas del sector e iniciativas de formación dual. También se pondrán en marcha medidas específicas de apoyo al emprendimiento tecnológico para favorecer la creación de ‘start-up’ en este ámbito y otras para la tutela de firmas con menos de dos años desde su creación.