La electrificación completa de la flota de autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) es viable desde el punto de vista ambiental y económico. Esta es la principal conclusión de un estudio del Centro de Innovación del Transporte (CENIT) de la Universidad Politécnica de Cataluña encargado por la compañía. El análisis pone en evidencia que los ahorros generados en el consumo de energía y el mantenimiento de los vehículos eléctricos respecto a los de diésel, los de gas y los híbridos permiten compensar el sobrecoste de la inversión inicial.
El informe, titulado ‘Costes de la electrificación de la flota de autobuses de TMB’, atribuye esta viabilidad al menor consumo energético y a la reducción de los costes de mantenimiento de los autobuses eléctricos frente a los diésel, los de gas y los híbridos.
Ahorro energético y coste total de propiedad
El CENIT ha elaborado el estudio a partir de datos reales de TMB sobre inversión en vehículos e infraestructura, consumos, precios de la energía, kilometrajes e históricos de mantenimiento. El trabajo se completó con entrevistas a técnicos y visitas a cocheras para contrastar las hipótesis operativas utilizadas en el análisis.
La evaluación se centra en el Coste Total de Propiedad (TCO), indicador que incorpora inversión, operación, mantenimiento e infraestructura. Aunque los autobuses eléctricos requieren una inversión inicial más elevada, el estudio sostiene que su comportamiento económico a largo plazo resulta más favorable por el descenso de los gastos energéticos y de mantenimiento.
En el escenario de electrificación total, el coste total de propiedad se situaría en 794,4 millones de euros, frente a los 826,9 millones que supondría renovar la flota actual con tecnologías convencionales. Si se incorporan los ingresos potenciales de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten monetizar ahorros energéticos mediante su venta a comercializadoras obligadas a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), el coste total bajaría hasta 760,4 millones de euros.
La renovación eléctrica elevaría la inversión inicial en flota de 268,2 a 442,1 millones de euros. A esa cifra se sumaría una inversión en infraestructura de recarga de 73 millones de euros, frente a los 5,9 millones asociados al escenario de renovación convencional. Sin embargo, los costes de operación y mantenimiento se reducirían de 547,5 a 249,3 millones de euros a lo largo de 15 años.
Reducción de emisiones y beneficios sociales
La sustitución de los autobuses actuales evitaría cada año la emisión de más de 58.000 toneladas de CO₂, además de 91,7 toneladas de NOx y 594,2 kilogramos de partículas contaminantes vinculadas a los motores de combustión. El informe también cuantifica los efectos sociales derivados de eliminar estas emisiones, tanto por su contribución al cambio climático como por el impacto de contaminantes locales asociados a problemas de salud pública.
Al monetizar estos efectos, el estudio estima que la electrificación de la flota generaría un beneficio adicional para la sociedad de unos 81 millones de euros. Esta cifra se añade a los ahorros estrictamente operativos calculados en el análisis económico.
Inversiones en cocheras y condiciones de viabilidad
El análisis contempla un horizonte de 15 años e incluye la renovación de la flota, el consumo energético, los gastos de mantenimiento y las inversiones necesarias para completar la electrificación de las cocheras de Horta y Zona Franca. La cochera del Triangle se encuentra prácticamente electrificada.
La adaptación de las instalaciones requerirá una inversión adicional estimada en 73 millones de euros, parte de la cual ya está presupuestada o en ejecución. El informe identifica además varias condiciones para mantener la viabilidad económica del proyecto, entre ellas preservar una relación de sustitución cercana a un autobús eléctrico por cada vehículo convencional retirado.
El estudio también considera necesario que los nuevos autobuses tengan autonomía suficiente para completar toda la jornada con carga nocturna. Asimismo, plantea que los contratos de compra incorporen la sustitución de las baterías dentro de la garantía del fabricante.