La nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incorpora ámbitos como la salud, la ciencia y la adaptación, los sistemas costeros y marinos, la biodiversidad, la lucha contra la desinformación y la gobernanza, con el objetivo de reflejar las demandas de la comunidad científica, de los movimientos sociales y de los distintos actores institucionales. Uno de los ejes es la aplicación del conocimiento científico sobre el cambio climático en todas las políticas públicas y en todos los niveles de la administración.
Tras la aprobación de la propuesta inicial del Pacto de Estado en el Consejo de Ministros en septiembre de este año, el Gobierno ha presentado este miércoles la nueva propuesta que se ha enriquecido mediante un proceso de participación. En concreto, el nuevo documento es el resultado de un proceso participativo que ha contado con más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones, incluidas administraciones, científicos, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales; sectores agrario y pesquero, jóvenes, mujeres, entidades rurales y urbanas, academia, profesionales de la emergencia y colectivos vulnerables.
Parte significativa de las contribuciones al texto son el resultado de una consulta oficial a la comunidad científica realizada por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC).
Ejes del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática
Tras las aportaciones recibidas, el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se compone de diferentes ejes de actuación. Además de la aplicación del conocimiento científico sobre el cambio climático en todas las políticas públicas y en todos los niveles de la administración, se incluye la extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica; una respuesta nacional que aumente la resiliencia hídrica de los pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías, la restauración y conservación de la biodiversidad para una mayor protección frente a impactos climáticos, y la protección y adaptación de los sistemas costeros y marinos y los archipiélagos.
Otros ejes se basan en la provisión de servicios básicos y nuevas oportunidades para la población del medio rural que generen resiliencia ante el cambio climático, la potenciación de las contribuciones de los sectores agrario y pesquero a la prevención y mitigación de los eventos climáticos extremos, la protección de la salud de las personas frente a los impactos del clima, la dotación permanente de medios técnicos y humanos necesarios en cada nivel de la administración para combatir eventos climáticos extremos, el refuerzo de los servicios de emergencia y su interconexión e interoperabilidad, la promoción de una cultura cívica de la prevención y respuesta a emergencias climáticas, y la lucha contra la desinformación climática.
Tanto los ejes de trabajo como los diferentes elementos que se incluyen implican a todos los niveles de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como a las ciudades autónomas y entidades locales.