La Junta de Andalucía elaborará un decreto que establezca la política autonómica de ciberseguridad

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad es la encargada de elaborar el futuro decreto que marcará la política de la Junta de Andalucía en materia de ciberseguridad.

La Junta de Andalucía ha aprobado la elaboración de un decreto que establezca la política de ciberseguridad de la Administración autonómica, para reforzar el sistema de seguridad digital frente a posibles ciberataques. Así lo acordó el Consejo de Gobierno el pasado martes y encargó a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la elaboración del futuro decreto.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad es la encargada de elaborar el futuro decreto que marcará la política de la Junta de Andalucía en materia de ciberseguridad.

Esta decisión llega tras un informe de la consejería en el que se señalaba un aumento del 32% en un año de las amenazas a los sistemas digitales de la Administración autonómica. El nuevo decreto, según informa la Junta de Andalucía, pretende dar respuesta a estas ciberamenazas, con actuaciones en distintos ámbitos y estará «orientada a crear un clima de confianza en el usuario de las nuevas tecnologías, ya sea un particular o una empresa que utilice en el desarrollo de su negocio las oportunidades que genera la economía digital».

En línea con el Consejo Europeo

El Gobierno andaluz destaca que esta iniciativa está alineada con las medidas que pidió el Consejo Europeo en octubre de 2018 para fortalecer la ciberseguridad en la Unión Europea, principalmente refiriéndose a medidas para responder a los ciberataques y disuadir de que se cometan. El decreto contemplará los últimos cambios normativos que tienen incidencia en aspectos relacionados con la ciberseguridad y que afectan a las administraciones públicas, en constante evolución.

Según el informe presentado por Economía, la Junta de Andalucía dispone de 440 sistemas de información que son susceptibles de ser analizados y que el 45% de ellos, según los criterios del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), son de categoría media o alta y requieren medidas de protección más estrictas.

 
 
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