Andalucía tendrá su propia Ley de Participación Ciudadana después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles el proyecto que impulsará nuevas formas de democracia directa en el Comunidad Autónoma.
El texto regula la ampliación del derecho de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.
La participación ciudadana regulada en el proyecto se ejercerá directamente o a través de entidades. Las administraciones públicas integrarán en sus actuaciones estos procesos, que podrán ser de deliberación, de elaboración de presupuestos, de proposición de políticas públicas y elaboración de normas, de evaluación y consultas populares.
Todos ellos se vincularán a asuntos relacionados con la proposición, adopción y seguimiento de políticas de singular relevancia; elaboración de instrumentos de planificación, leyes y reglamentos; priorización del gasto, y prestación de servicios.
Los procesos de participación serán iniciados de oficio por las administraciones o por iniciativa ciudadana. Si bien los resultados no tienen carácter vinculante, la futura ley obligará a tomarlos en consideración y, en su caso, a motivar las decisiones de no incluirlos en las políticas.