El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha publicado la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana, lo que va a permitir su entrada en vigor en el plazo de 20 días. El texto, que fue aprobado por las Cortes Valencianas el pasado 24 de marzo, integra la normativa referente a los distintos modos de transporte para favorecer el uso de los sistemas públicos y de los desplazamientos peatonal y ciclista frente al coche particular.
La nueva norma recoge la legislación referente a transporte de viajeros, ferrocarriles y tranvías, taxis, logística y planificación de la movilidad. Con este texto, la Comunidad se convierte en la primera autonomía que adapta el reglamento 1370/2007 de la Unión Europea sobre los servicios de transporte por ferrocarril y carretera y avanza en la asunción de competencias previstas en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006.
La normativa se adelanta al escenario previsto en materia de transporte en 2020, para cuando se prevén 2.500 millones de desplazamientos anuales en la Comunidad valenciana. El objetivo del Consejo es que el 40 por 100 de los desplazamientos se realice en transporte público en esta fecha.
Parking para bicis en los edificios
En materia urbanística, establece que los nuevos desarrollos urbanísticos, comerciales, etc., deberán contar con planes de movilidad, de forma que se evite la implantación de urbanizaciones cautivas del transporte privado. Los nuevos edificios deberán tener espacios para aparcar bicicletas. Estos vehículos, así como los peatones, recibirán atención preferente en vías y plazas urbanas. Se recoge la creación de itinerarios específicos para bicis y la adecuada compatibilidad con otros medios de transporte.
La nueva Ley impulsará la redacción y aplicación de planes de movilidad como instrumento para concretar todas estas medidas. Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán tenerlo en un plazo de cuatro años y los centros comerciales, de estudio o de trabajo deberán también desarrollar trabajos de este tipo.
El texto incorpora también el concepto de "pasillo de infraestructuras" como corredor que aglutine los diferentes sistemas de transporte y minimizar así el impacto sobre el entorno. Recoge también medidas para mejorar la calidad del servicio del taxi, como su organización comarcal o autonómica, la regulación de los centros de llamada o la antigüedad máxima de ocho años para los vehículos con carácter general.