Las zonas de bajas emisiones (ZBE) deberán aplicar un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que retrasen su entrada en vigor, tras la modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. La reforma busca asegurar que estas áreas funcionan de forma real y cumplen su finalidad de mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el cambio normativo responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de la regulación. Entre ellas figuran moratorias prolongadas en la aplicación de sanciones, ZBE sin restricciones de acceso vinculadas al potencial contaminante de los vehículos y delimitaciones territoriales insuficientes, en algunos casos coincidentes con espacios que ya tenían limitaciones previas al tráfico.
Con la nueva regulación, las entidades locales obligadas a implantar zonas de bajas emisiones tendrán que acreditar documentalmente que cumplen los requisitos establecidos. Esta obligación pretende evitar que la declaración de una ZBE se limite a una delimitación territorial sin medidas operativas asociadas.
Control de accesos y régimen sancionador
Los ayuntamientos deberán comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante. También tendrán que acreditar la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
La modificación exige además que las ordenanzas municipales incluyan y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico. La norma descarta el uso de sistemas transitorios que demoren la efectividad de las sanciones, con el fin de garantizar que las restricciones aprobadas cuentan con mecanismos reales de cumplimiento y pueden ser evaluadas.
La reforma también pretende aportar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias en materia de tráfico y movilidad. La acreditación del cumplimiento permitirá comprobar la eficacia de las zonas de bajas emisiones y podrá servir como referencia para instrumentos de financiación dirigidos a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Municipios obligados a implantar ZBE
Las zonas de bajas emisiones se consideran una de las principales herramientas para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y mejorar la salud pública y la calidad de vida en las ciudades. Su implantación adecuada también se vincula al fomento de los desplazamientos activos, la recuperación de espacio público y la racionalización del uso del vehículo privado.
El Real Decreto 1052/2022 fue aprobado en diciembre de 2022 para fijar los requisitos mínimos de las ZBE que deben implantar los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. Esta obligación se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.