La Comisión Europea ha publicado un estudio de apoyo a la revisión del Programa de Política de la Década Digital (DDPP, por sus siglas en inglés), en el que se evalúan sus prioridades, objetivos, indicadores y marco de gobernanza como base para la próxima revisión del programa.
El análisis concluye que el marco de gobernanza del DDPP sigue siendo pertinente para impulsar la cooperación entre la Unión Europea y los Estados miembros. No obstante, señala la necesidad de actualizarlo para responder mejor a los desafíos geopolíticos, tecnológicos y económicos actuales.
Prioridades, indicadores y gobernanza
El estudio se ha centrado en dos bloques principales: las prioridades, los objetivos y los indicadores del programa, por un lado, y la gobernanza y la participación de las partes interesadas, por otro.
A partir de estos ámbitos, examina si los objetivos y mecanismos actuales continúan siendo adecuados para su finalidad. El documento también identifica posibles ajustes en el sistema de seguimiento, analiza las necesidades de inversión y estudia la alineación del DDPP con el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
Entre sus principales resultados, el estudio indica que los objetivos vigentes no reflejan plenamente algunas prioridades que han ganado peso en el entorno digital europeo. En particular, menciona la ciberseguridad, la soberanía tecnológica y la resiliencia como áreas que requieren una mayor integración en el esquema de seguimiento y planificación del programa.
Participación de actores y reducción de cargas administrativas
El documento también apunta que determinados indicadores actuales deberían revisarse para reflejar la evolución tecnológica y los cambios en los mercados. Esta actualización permitiría adaptar el seguimiento del avance de la Década Digital a un contexto en el que las tecnologías, los modelos de negocio y las necesidades estratégicas evolucionan con rapidez.
En materia de gobernanza, el estudio considera que el marco del DDPP ha funcionado de manera efectiva, aunque identifica margen de mejora. En particular, apunta a la posibilidad de reducir cargas administrativas, reforzar la implicación de las partes interesadas y ampliar la participación de los actores regionales y locales.