El Catálogo de Prescripciones Técnicas de Contratación Pública Ecológica presentado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se concibe como una herramienta para facilitar la incorporación sistemática de criterios ambientales en las licitaciones de las administraciones públicas.
Elaborado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Miteco, el catálogo responde al mandato de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se enmarca en el desarrollo del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025.
Según el Informe Trienal de Contratación Pública, en 2023 se formalizaron en España 57.864 contratos que incluyeron criterios ecológicos, lo que equivale al 34,7% del total. Desde 2018, esta evolución evidencia un refuerzo del compromiso de las administraciones con la contratación pública ecológica.
Contratación pública ecológica y criterios ambientales
El catálogo nace con vocación práctica y de servicio para los gestores públicos, proporcionando prescripciones técnicas concretas y jurídicamente seguras que faciliten la integración de criterios ambientales en los pliegos de contratación. Se estructura en torno a diferentes categorías de productos, servicios y obras consideradas prioritarias en la contratación verde a nivel europeo.
Entre los ámbitos incluidos figuran la alimentación, el transporte, la edificación, la iluminación y las infraestructuras públicas. Cada ficha técnica incorpora prescripciones ambientales con niveles de ambición básico y avanzado, además de mecanismos de verificación para facilitar su aplicación real en los procedimientos de contratación.
La inclusión de exigencias ambientales en la compra pública verde se consolida como elemento clave de las políticas públicas. Además de mejorar el desempeño ambiental, orienta la economía hacia modelos más sostenibles y resilientes. De este modo, la acción de las administraciones no solo contribuye a mejorar el desempeño ambiental, sino que también favorece la evolución del sistema productivo y fortalece la capacidad estratégica de las economías frente a desafíos globales.
En este contexto, la capacidad de compra del sector público se convierte en un instrumento capaz de influir significativamente en el comportamiento del mercado. Cuando las administraciones priorizan soluciones sostenibles, generan incentivos para que las empresas desarrollen tecnologías más eficientes y adapten sus procesos productivos a criterios de sostenibilidad.
Del mismo modo, esta orientación promueve inversiones e infraestructuras mejor preparadas para afrontar los efectos del cambio climático, lo que contribuye a disminuir vulnerabilidades económicas y a reducir los costes asociados a futuros impactos ambientales.