El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) ha lanzado la cuarta convocatoria de su iniciativa estratégica de Compra Pública Innovadora (CPI), dotada con un presupuesto total de 48 millones de euros. El propósito es financiar proyectos innovadores de I+D en ciberseguridad sobre tecnologías emergentes y disruptivas de inteligencia artificial (IA) y/o computación cloud, edge o distribuida.
La superficie de ataque y de exposición del riesgo en el ciberespacio se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector público. Junto con el crecimiento exponencial de la capacidad de computación, el desarrollo de la IA y el impulso del big data, es necesaria la transformación de la industria nacional de ciberseguridad para hacer frente a los nuevos desafíos.
En este contexto, la cuarta convocatoria de CPI en ciberseguridad del Incibe plantea impulsar la creación de soluciones de alto impacto estratégico que permitan combatir las amenazas en sistemas expuestos, espacios de datos, entornos distribuidos, comunicaciones y sistemas de información de empresas y entidades públicas con el objetivo global de proteger la información.
Esta convocatoria se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los fondos Next Generation, y su importe deriva del presupuesto no adjudicado en los tres llamamientos anteriores.
Condiciones de la cuarta convocatoria de CPI en ciberseguridad
Los licitadores podrán presentar ofertas a la cuarta convocatoria de CPI en ciberseguridad hasta el 11 de marzo de 2024. Los proyectos se ejecutarán completamente antes del 28 de febrero de 2026 y se otorgará una aportación económica de entre 3 y 12 millones de euros a cada uno.
Entre los requisitos técnicos, se establece que se deberá evidenciar el carácter innovador de las ofertas, la utilización de un mínimo de una tecnología emergente (IA y/o computación cloud, edge o distribuida), un nivel de madurez tecnológica (TRL) de partida inferior a 5 y un TRL de llegada que deberá llegar a 7 y no superar el 8. Asimismo, tendrán que incluir al menos un usuario final relevante para la solución planteada que la probará en un entorno operativo controlado.