España necesitará invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros hasta 2050, unos 10.000 millones de euros al año, para cumplir con los objetivos europeos de reducción de emisiones de CO2, según apunta un informe de Monitor Deloitte.
El informe, denominado Un modelo energético sostenible para España en 2050, señala que para cumplir con el objetivo ineludible de reducir las emisiones de carbono entre el 80 y el 95%, la inversión más importante tiene que ver con las energías renovables. Se trata, según el informe, de que la producción de electricidad de origen renovable (eólica y fotovoltaica) represente en 2050 más del 90% del total (actualmente se sitúa en el 38%).
Además, se apunta como necesaria la limitación de los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en los demás usos por electricidad o por gas natural. Según el estudio, esto significa, en el caso de España, que en 2050 prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos, y entre 84% y 91% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas se debería generar con electricidad, frente al 52% actual.
Otro conjunto de medidas necesarias tiene que ver con la eficiencia energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes, actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.
El cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2 para 2050 supondría una serie de beneficios de calado para la sociedad española, aparte de los relativos a la mejora medioambiental. Uno de los más notables es que el precio medio de la electricidad para los hogares españoles se reduciría el 42%, al pasar de los actuales 120 €/MWh a 65-75 €/MWh. Este descenso se debe fundamentalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación. Además, se lograría una menor dependencia energética y una mayor eficiencia, ya que el avance de las energías renovables reduciría el consumo energético total del país.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para lograr los objetivos de reducción de emisiones. Entre otras cosas, recomienda cambios en la fiscalidad de CO2; inversiones públicas en el transporte ferroviario; apoyo de las administraciones al uso del vehículo eléctrico; promover el aislamiento en hogares, fomentar en ellos el uso de electrodomésticos más eficientes y sistemas de uso racional de la iluminación, y en general la reducción de emisiones en viviendas, industria y empresas con distintos programas de financiación y ayudas; extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años en las condiciones de seguridad exigibles, y eliminar de la factura eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que distorsionen el precio final.