El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el modelo de gestión de la Red Insular de Recarga de Vehículos Eléctricos, que contará inicialmente con 71 estaciones en distintos municipios de la isla. De ellas, 37 han sido ejecutadas directamente por el Cabildo y 34 proceden de instalaciones municipales incorporadas a la red. El acuerdo incluye la gestión del servicio mediante una concesión de servicios y la aprobación del Reglamento de uso de la Red Insular de Recarga. Este reglamento establece las normas y condiciones para utilizar las instalaciones y acceder al servicio.
Tras la aprobación inicial, el modelo de gestión y el Reglamento de uso pasan a exposición pública. Durante este trámite, la ciudadanía podrá consultar ambos documentos y presentar las alegaciones que estime oportunas dentro del plazo establecido. Una vez concluido ese periodo, el Cabildo analizará las aportaciones recibidas antes de continuar con la aprobación definitiva.
Concesión única y condiciones comunes
La red será gestionada por un solo concesionario para todo el territorio insular. Según el planteamiento aprobado, este modelo debe permitir una prestación homogénea del servicio, con una plataforma tecnológica común, sistemas de pago unificados y un único servicio de atención a las personas usuarias.
El concesionario asumirá la explotación integral de la Red Insular de Recarga, incluido el suministro eléctrico, el mantenimiento y la reparación de los equipos, la gestión de los sistemas tecnológicos y de pago, y la atención a los usuarios. La concesión tendrá una duración inicial de cinco años.
El Reglamento de uso establece las condiciones comunes de funcionamiento de las instalaciones y configura un marco de referencia para acceder al servicio. Entre sus objetivos figura ordenar el uso de los puntos de recarga y clarificar las normas aplicables en toda la red insular.
El Cabildo de Tenerife conservará la propiedad de las instalaciones y el control público del servicio. La Corporación podrá establecer las condiciones de prestación, supervisar las tarifas, fijar niveles mínimos de disponibilidad y calidad, controlar el mantenimiento y exigir la corrección de posibles deficiencias.
El modelo de gestión contempla también la fijación de un canon a favor del Cabildo. La tramitación continuará tras la exposición pública y el estudio de las alegaciones, antes de la aprobación definitiva de los documentos que regulan la puesta en servicio de la red.