Mª Pilar Batet, jefa de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón

Es la jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón y está convencida de que la Administración debe apostar por la Compra Pública Innovadora, el sistema que requiere de colaboración público-privada y que apuesta por el desarrollo de soluciones que cubran necesidades concretas de la ciudad. Una práctica que Batet ya está llevando a cabo en Castellón y con la que está convencida de que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

ESMARTCITY: Desde la Diputación de Castellón se está apostando por avanzar en la Compra Pública Innovadora (CPI). ¿Qué proyectos se están poniendo en marcha a través de esta forma de contratación pública? ¿Podría explicar en qué consisten?

María Pilar Batet: Actualmente estamos tramitando un contrato de Asociación para la Innovación para conseguir una Solución de Territorio Rural Inteligente para la Provincia de Castellón. Consiste en la adquisición de soluciones de telegestión para alumbrado público en veintinueve municipios de la provincia, su desarrollo para la integración en una plataforma SmartVillages, basada en códigos abiertos, estandarizados por organismos y consorcios internacionales, en modo servicio y entorno cloud y que sea escalable; también incluye una Oficina de Proyecto con funciones de Laboratorio de Innovación.

Hace unos años tramitamos un contrato mediante el procedimiento de Diálogo Competitivo para el mantenimiento de edificios propiedad de la diputación, con medidas de eficiencia energética, con estupendos resultados.

ESMARTCITY: ¿En qué beneficia a los ciudadanos este tipo de contratación?

María Pilar Batet: Con la contratación de innovación se puede ofrecer a la ciudadanía unos mejores servicios públicos e infraestructuras más eficientes, afrontando desafíos ambientales y sociales necesarios: la energía segura, limpia y eficiente, el transporte inteligente, la gestión más sostenible del agua, etc. Igualmente, este tipo de contratación fomenta la creación de puestos de trabajo e inversión cualificados, el incremento de la competitividad internacional, así como la oportunidad de desarrollo de nuevas industrias. En definitiva, se pretende una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

ESMARTCITY: Los procesos de CPI están directamente vinculados con las ciudades inteligentes. ¿Qué ventajas ofrece a una ciudad o un territorio que afronta su transformación digital este tipo de asociación con empresas, emprendedores y startups del sector privado?

María Pilar Batet: Con la CPI las empresas podrán hacer una apuesta tecnológica sabiendo de antemano que cuentan con un buen cliente, la Administración Pública, reduciendo así el riesgo de la inversión en I+D. La investigación y la innovación son los principales motores del crecimiento futuro y las Administraciones públicas pueden liderar ese proceso con la escucha y consultas a las empresas y con la contratación de investigación, desarrollo y la posterior adquisición de suministros, servicios y obras innovadoras. Los procedimientos más elásticos que regula la Ley de Contratos del Sector Público 9/22017, permiten una colaboración público-privada necesaria para afrontar los nuevos retos de las ciudades inteligentes.

ESMARTCITY: ¿Qué riesgos supone para la Administración Pública este tipo de procedimiento de contratación?

María Pilar Batet: Los riesgos son escasos frente a los beneficios que pueden ser muy relevantes. En el nuevo contrato de Asociación para la Innovación es posible que no se consiga el producto, obra o servicio con los estándares de calidad deseados, pero, en cualquier caso, la Administración únicamente abonará al contratista lo establecido por los hitos que se hayan llegado a realizar, pudiendo resolver el contrato si no se avanza en el proyecto, sin derecho del contratista a indemnización. Además, existen muchas subvenciones a las que puede optar la Administración Pública que decida fomentar la innovación con la compra pública.

ESMARTCITY: Muchas administraciones públicas aún no se han lanzado a apostar por la CPI, ¿qué les diría para animarlas?

María Pilar Batet: Las Administraciones públicas han de hacer lo que esté en sus manos para ofrecer infraestructuras y servicios de calidad y para velar por una sociedad más sostenible. La innovación requiere hacer las cosas de forma diferente, y para ello, se necesita ilusión por parte de políticos y funcionarios y la convicción de que embarcarse en éstos nuevos retos siempre es un éxito por el mero hecho de intentarlo y porque la finalidad última es el interés público.

ESMARTCITY: ¿Qué requisitos deben cumplir las administraciones públicas para poder iniciar un procedimiento de estas características? ¿Qué pasos hay que dar para llevar a cabo un proyecto de Compra Pública Innovadora?

María Pilar Batet: Para que una Administración inicie un procedimiento de este tipo, únicamente necesita voluntad, puesto que los proyectos de innovación pueden ser de menor o mayor envergadura en función de su alcance y su presupuesto.

También es necesario saber ver la necesidad, conocer qué se quiere obtener y definirlo y, para llevarlo a efecto, deben participar en este proyecto los técnicos y jurídicos conjuntamente. Es muy importante que se impliquen personas sin miedo a realizar las cosas de forma diferente y con ganas de asumir nuevos retos.

La legislación de contratos ofrece un abanico de procedimientos a utilizar en función de si es necesaria la I+D o si no es necesaria. El nuevo contrato de Asociación para la Innovación permite adquirir el producto resultante de la investigación y el desarrollo lo que no posibilita la Compra precomercial. Para el caso de que no sea necesaria la I+D, la ley prevé procedimientos flexibles como el diálogo competitivo o el procedimiento negociado.

Los pasos para llevar a cabo un proyecto de compra innovadora, una vez definido el proyecto, serían entre otros: conocer el mercado e identificar a los actores que se involucrarán en el proyecto, para ello, la LCSP regula la figura de las Consultas Preliminares al mercado; definir la necesidad que se quiere cubrir, estableciendo prescripciones técnicas funcionales o basadas en el rendimiento; establecer una estrategia de propiedad intelectual; evaluar y gestionar activamente los riesgos, por la parte más capacitada para ello  y fomentar una competencia real en el procedimiento.