La Dirección General del Dato ha abierto una consulta pública para ampliar la lista nacional de conjuntos de datos de alto valor (HVD, por sus siglas en inglés), con aportaciones abiertas hasta el 12 de noviembre de 2026. El procedimiento busca identificar nuevos datos del sector público cuya reutilización pueda generar servicios, investigación, innovación o mejores decisiones en ámbitos económicos, sociales y medioambientales.
La iniciativa se enmarca en la Directiva (UE) 2019/1024, relativa a los datos abiertos, que incorporó la figura de los HVD, y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138, que estableció una primera relación común para la Unión Europea. Esa lista europea se organiza en seis categorías: datos geoespaciales, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadísticas, sociedades y propiedad de sociedades, y movilidad.
En España, el artículo 3 ter de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, permite incorporar otros conjuntos de alto valor a escala nacional con la participación de agentes públicos y privados. La consulta ya está disponible en el portal web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Condiciones de los datos de alto valor
Los conjuntos de datos de alto valor son información del sector público cuya reutilización puede producir beneficios significativos para la sociedad, el medio ambiente y la economía. Su relevancia se vincula tanto a su capacidad para facilitar nuevos servicios, aplicaciones y empleo como al número de personas, empresas y organizaciones que pueden utilizarlos.
Estos datos deben publicarse en condiciones que favorezcan su reutilización. Con carácter general, han de estar disponibles de forma gratuita, en formatos legibles por máquina, mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) y, cuando proceda, a través de descarga masiva. La ampliación de la lista nacional implicaría que más datos públicos relevantes se ofrecieran con mejores condiciones técnicas y jurídicas.
Entre los efectos esperados figuran la reducción de barreras de entrada para pymes y startups, el impulso a la economía del dato y la posibilidad de combinar conjuntos compatibles mediante estándares e identificadores comunes. Esa interoperabilidad puede aumentar su utilidad para la investigación, el análisis de información y los sistemas de inteligencia artificial, además de favorecer servicios públicos, transparencia y decisiones mejor fundamentadas.
Participación en la consulta pública
La consulta está dirigida a cualquier persona o entidad, pública o privada. Pueden participar empresas, pymes, startups, organizaciones profesionales y sectoriales, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, entidades del tercer sector, asociaciones de consumidores, administraciones públicas de todos los niveles y particulares, tanto como titulares de datos como reutilizadores.
Las propuestas deben identificar uno o varios conjuntos de datos de alto valor e incluir, al menos, su nombre, el organismo responsable si se conoce y sus posibles usos. Antes de remitir una aportación, se recomienda comprobar que el conjunto no figure ya en la lista europea aprobada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138.
La Dirección General del Dato valorará especialmente las propuestas que incorporen casos de uso concretos, información sobre beneficiarios potenciales, posibilidades de combinación con otros datos, disponibilidad y calidad actuales, así como eventuales limitaciones jurídicas, incluida la presencia de datos personales. También pueden plantearse ampliaciones, mayor granularidad, mejoras de calidad o la integración de conjuntos ya existentes.
Las aportaciones deben enviarse a la Dirección General del Dato a través del correo dgdato@digital.gob.es, dirección que también puede utilizarse para formular dudas sobre el proceso. Las propuestas pueden acompañarse de estudios, informes, casos de uso o documentación técnica que las respalden.
El debate sobre nuevos ámbitos de alto valor también se mantiene en el plano europeo. En 2023, un estudio encargado por la Comisión Europea señaló posibles áreas adicionales, entre ellas pérdida climática, energía, finanzas, administración pública, salud, justicia y datos lingüísticos.
La consulta tiene carácter informativo y no vinculante, por lo que la presentación de un conjunto de datos no supone su incorporación automática a la lista nacional. Una eventual ampliación tendría que aprobarse mediante resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.