La contratación pública de la Unión Europea afronta una reforma para simplificar sus normas, reforzar su uso estratégico y facilitar inversiones en servicios públicos e infraestructuras. La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de nuevo Reglamento destinada a modernizar y simplificar el marco europeo de contratación pública, un mercado que representa alrededor del 15% del PIB de la UE.
La iniciativa se basa en consultas con compradores públicos, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Se prevé que la reforma genere ahorros administrativos anuales de 650 millones de euros, de los que 80 millones corresponderían a compradores públicos y 570 millones a operadores económicos.
Normas más simples para la contratación pública
El Reglamento propuesto integraría en un único instrumento directamente aplicable las tres directivas vigentes sobre contratación pública y las disposiciones actualmente repartidas en legislación sectorial. El objetivo es crear un marco más coherente y previsible, con menos complejidad administrativa y menos divergencias derivadas de las transposiciones nacionales.
La propuesta reduce de cinco a tres los procedimientos de contratación y concede mayor flexibilidad a los compradores públicos, incluida la posibilidad de negociar con los solicitantes durante los procedimientos. También fomenta una consulta de mercado más amplia, simplifica trámites administrativos y acerca determinados procesos de contratación pública a prácticas habituales en la contratación privada.
El nuevo marco incorpora además un procedimiento de innovación para desarrollar y adquirir soluciones innovadoras que todavía no estén disponibles en el mercado. Esta vía busca facilitar la compra pública de tecnologías o servicios nuevos cuando las soluciones existentes no respondan a las necesidades planteadas.
Un mercado digital único de contratación
Uno de los ejes de simplificación es la creación de un mercado digital integrado de contratación pública, formado por plataformas nacionales de contratación electrónica interconectadas e interoperables. Este sistema permitirá automatizar verificaciones, como las relativas a criterios de exclusión, y reducir cargas administrativas para las autoridades contratantes.
Las empresas podrían participar en procedimientos y presentar ofertas en toda la UE a través de cualquiera de las plataformas conectadas, aplicando el principio de ‘una sola vez’ para evitar solicitudes repetidas de información y documentación. La Comisión Europea sostiene que esta arquitectura facilitará el acceso a nuevas oportunidades de negocio y aumentará el número de ofertas recibidas por los compradores públicos.
El mercado digital también prevé racionalizar los intercambios de datos entre los sistemas de contratación electrónica de los Estados miembros mediante un marco unificado de gestión de datos. Con ello se pretende reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y las capacidades antifraude.
Calidad, resiliencia y preferencia europea
La propuesta convierte la mejor relación calidad-precio, Best Price-Quality Ratio (BPQR), en el método estándar de adjudicación. Los criterios de calidad deberán representar al menos el 30% de la valoración, porcentaje que se eleva al 50% en contratos intensivos en mano de obra, bajo un mecanismo de ‘cumplir o explicar’.
Las autoridades contratantes podrán apartarse de ese enfoque si justifican cómo garantizarán la calidad por otras vías, por ejemplo mediante requisitos mínimos. Los compradores públicos deberán considerar de forma sistemática no solo el precio, sino también criterios ambientales, sociales, de innovación, seguridad, resiliencia y preferencia europea, con discrecionalidad para determinar su peso en cada procedimiento.
En línea con las recomendaciones del informe Draghi, el texto incorpora disposiciones sobre seguridad, resiliencia y autonomía estratégica. La propuesta permite, y en algunos casos exige, abordar riesgos vinculados a la seguridad y el orden público de la Unión o de los Estados miembros, la información sensible, la ciberseguridad y la influencia indebida de terceros países.
Las nuevas reglas sobre resiliencia y seguridad del suministro se aplicarían a contratos relacionados con entidades vinculadas a infraestructuras críticas. Su finalidad es apoyar la diversificación de las cadenas de suministro, la seguridad de abastecimiento y la preparación ante crisis.
El Reglamento introduce asimismo un marco horizontal de preferencia europea en contratación pública, compatible con las obligaciones internacionales de la Unión. La Comisión Europea podría restringir la cobertura cuando un análisis de acceso al mercado determine que un tercer país no concede a los operadores de la UE un acceso justo conforme a sus compromisos, o cuando sean necesarias restricciones para evitar dependencias de suministro o proteger intereses de seguridad económica.
La propuesta será negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.