La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad (MEI), con el objetivo de reforzar la coordinación jurídica, organizativa, semántica y técnica de los servicios públicos digitales transfronterizos e intersectoriales en la Unión Europea. La convocatoria permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 15 de julio y busca recabar aportaciones para actualizar un instrumento considerado clave en la transformación digital del sector público.
El MEI establece un marco político común para mejorar la interoperabilidad entre administraciones y servicios digitales. La versión vigente fue adoptada en 2017 en el marco de la Comunicación de la Comisión Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación, COM(2017) 134, y fue evaluada posteriormente en el documento SWD(2022) 720, que constató su contribución al avance de los servicios públicos digitales en Europa mediante orientaciones dirigidas al sector público.
Revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad para servicios públicos digitales
Según el Portal de la Administración Electrónica del Gobierno de España, la actualización del MEI se enmarca en el Reglamento sobre la Europa Interoperable, que establece un sistema de gobernanza de la interoperabilidad y exige el desarrollo del propio marco. En línea con las prioridades actuales de la UE, la interoperabilidad se plantea no solo como una herramienta para mejorar la prestación de servicios públicos, sino también como un factor vinculado a la soberanía digital, la competitividad, la resiliencia, la simplificación del código normativo digital y la capacidad de innovación, incluida la adopción responsable de la inteligencia artificial.
La Comisión Europea identifica, sin embargo, limitaciones en la eficacia del marco actual. Su carácter voluntario, la amplitud de sus objetivos y el tono general de sus recomendaciones han reducido su impacto práctico. El texto sometido a consulta apunta, en particular, a una brecha entre las orientaciones de alto nivel y su aplicación efectiva, especialmente en los niveles regional y municipal.
La adopción desigual de soluciones interoperables puede incrementar los compartimentos estancos, las ineficiencias y la duplicación de esfuerzos en un contexto en el que administraciones, empresas y ciudadanos dependen cada vez más de interacciones digitales transfronterizas. Para las empresas, esta falta de interoperabilidad puede traducirse en una complejidad administrativa evitable cuando operan en distintos países de la UE.
Ahorros potenciales y aportaciones a la consulta pública
La interoperabilidad transfronteriza podría generar ahorros estimados de entre 5,5 y 6,3 millones de euros para la ciudadanía y de entre 5.700 y 19.200 millones de euros para las empresas que interactúan con las administraciones públicas, según el documento SWD(2022) 721. Estas cifras reflejan posibles mejoras de eficiencia, reducciones de cargas administrativas y menores costes de cumplimiento para compañías con actividad transfronteriza, con efectos sobre la competitividad de la UE y el funcionamiento del mercado único.
La revisión persigue cerrar la distancia entre las soluciones disponibles, las iniciativas legislativas y su adopción coherente en la práctica. El objetivo es que la interoperabilidad forme parte estructural de la digitalización del sector público y no quede limitada a iniciativas técnicas aisladas.
La consulta solicita observaciones sobre qué elementos de las versiones anteriores del MEI deberían mantenerse o reforzarse, cuáles son los principales obstáculos para su aplicación a escala europea, nacional, regional o local, y qué orientaciones adicionales facilitarían una adopción más sistemática. También se piden propuestas sobre cómo el futuro marco puede apoyar los próximos pasos de la transformación digital de las administraciones públicas y qué cambios o mejoras deberían incorporarse.
Para participar en la consulta pública es necesario disponer de una cuenta EULogin. Aunque la iniciativa tiene un componente técnico y se apoya en la participación específica de partes interesadas, la Comisión Europea mantiene abierta la convocatoria a contribuciones del público en general.