El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana someten a información pública el Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC). Se trata de un instrumento dotado con 9.099 millones de euros para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en hogares vulnerables, usuarios de transporte en situación de vulnerabilidad y microempresas. El plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, movilizará inversiones entre 2026 y 2032 en rehabilitación energética, movilidad sostenible y electrificación.
Se prevé remitir el documento a la Comisión Europea antes de que termine 2026, una vez completado el proceso de consulta. El Ejecutivo vincula esta iniciativa al objetivo de pasar de medidas coyunturales, como el escudo social de 5.000 millones, a actuaciones estructurales frente a la volatilidad de los precios energéticos, en un contexto marcado por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.
Un plan de 9.099 millones para edificios y transporte
El Plan Social para el Clima se financiará con la asignación a España del 10,52% de los recursos del Fondo Social para el Clima y con una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total. La distribución prevista reserva 4.723 millones, el 52% de los fondos, al sector de los edificios, y 4.376 millones, el 48%, al transporte por carretera.
Los beneficiarios elegibles serán hogares vulnerables, en especial aquellos en pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas sin capacidad económica para rehabilitar sus viviendas. También se incluyen usuarios vulnerables del transporte sin alternativas viables al vehículo privado de combustión y microempresas con menos de 10 empleados y una facturación anual inferior a 2 millones de euros que mantengan una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.
El plan se plantea como complemento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el Plan Estatal de Vivienda, la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su finalidad es reducir de forma permanente las necesidades energéticas de los colectivos vulnerables y facilitar el acceso a soluciones de movilidad limpias y asequibles.
Movilidad sostenible
En el componente de transporte, la descarbonización del transporte por carretera dispondrá de 2.269,6 millones. Dentro de esta línea, 846,2 millones apoyarán la renovación de flotas de vehículos pesados por eléctricos en microempresas vulnerables, con ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste, junto con el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. También se prevén 642 millones para vehículos eléctricos ligeros de autónomos y microempresas vulnerables, 381,4 millones para electrificar flotas de transporte público urbano y 400 millones para puntos de recarga en instalaciones propias de empresas.
El transporte público asequible y accesible contará con 964,8 millones. La inversión incluye 224,3 millones para carriles reservados a autobuses, con al menos 28 proyectos y más de 80 kilómetros de nuevas plataformas exclusivas, y 740,5 millones para el Abono Único Social, destinado solo a colectivos vulnerables, como perceptores del Ingreso Mínimo Vital, con viajes ilimitados y multimodales a tarifas reducidas.
Para el ámbito rural, el plan prevé 702 millones en movilidad a la demanda y compartida. Las actuaciones incluyen 551 millones para plataformas digitales y flotas de cero emisiones en servicios a demanda, y 151 millones para soluciones locales de movilidad compartida. La movilidad activa recibirá 370,5 millones, principalmente para infraestructuras ciclistas seguras, con 357 millones, y para sistemas públicos de bicicleta convencional, con 9,7 millones, y de alquiler de larga duración, con 3,8 millones.
El plan incorpora 26,2 millones para intermodalidad, con 263 proyectos de aparcamientos seguros para bicicletas y vehículos de movilidad personal en estaciones, apeaderos y paradas, así como mejoras de accesibilidad ferroviaria y la adaptación de 108 unidades de tren para permitir subir bicicletas sin plegar. Además, se destinan 43 millones a más de 40 aparcamientos intermodales en la Red de Carreteras del Estado para fomentar el carpooling en desplazamientos habituales.
Vivienda asequible
En el componente de edificios, la mayor partida, 1.813 millones, se destinará a promover vivienda asequible, y otros 1.220 millones financiarán intervenciones integrales en barrios y entornos urbanos vulnerables. El plan reserva 923 millones a la rehabilitación de edificios residenciales donde vivan hogares vulnerables. Además, se destinan 278 millones a actuaciones en viviendas individuales cuando no sea posible acometer una rehabilitación comunitaria.
Las comunidades energéticas y consumidores activos contarán con 300 millones para autoconsumo colectivo y almacenamiento, la red RED-ACTÚA recibirá 27 millones para ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento, incluida atención presencial e itinerante en zonas rurales, y otros 162 millones financiarán proyectos piloto de intervención rápida y mejoras de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
Gobernanza y perspectiva social
El diseño del Plan Social para el Clima incorpora un esquema de gobernanza orientado a que la transición ecológica se aplique con criterios de equidad. En su elaboración se han integrado más de 1.000 aportaciones de agentes sociales, entidades del tercer sector, comunidades autónomas y entidades locales, y la audiencia pública permitirá recabar nuevas alegaciones y propuestas.
El proceso incluirá talleres dirigidos a mejorar la participación de asociaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, administraciones autonómicas y locales y jóvenes. El plan también integra la perspectiva de género, al identificar una mayor exposición de las mujeres a la pobreza energética y de transporte, especialmente en familias monoparentales o con responsabilidades de cuidado no compartidas.
Los criterios de vulnerabilidad socioeconómica tendrán en cuenta la composición familiar, la renta, la presencia de personas dependientes y la situación de las víctimas de violencia de género. En el plano operativo, el seguimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2032, con desembolsos condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos y medidas sujetas al principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente.
La coordinación institucional corresponderá al Miteco, en colaboración con los ministerios de Vivienda y de Transportes, las comunidades autónomas y las entidades locales. Las observaciones y alegaciones al proyecto podrán presentarse hasta el 29 de junio mediante el formulario habilitado.