La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública y una convocatoria de evidencias para la evaluación y revisión de la Ley de Chips de la UE con el objetivo de garantizar que esta legislación siga siendo adecuada para su propósito en vista de las realidades cambiantes del mercado, la tecnología y la geopolítica. Las partes interesadas podrán aportar sus comentarios sobre el funcionamiento y posibles adaptaciones hasta el próximo 28 de noviembre.
La consulta pública y la convocatoria de evidencias constituyen una parte esencial de la evaluación de la Ley de Chips. Su objetivo es garantizar que la legislación sea eficaz, eficiente, pertinente, coherente y aporte un claro valor añadido para la Unión Europea. Además, se buscan opiniones de las partes interesadas para adaptar la legislación de manera que apoye el ecosistema de semiconductores de Europa en los próximos años, incluso mediante la simplificación cuando corresponda.
Los comentarios recibidos ayudarán a la Comisión Europea a preparar el informe de evaluación de la Ley de Chips y a identificar posibles ajustes para garantizar que el marco siga siendo eficaz para respaldar las ambiciones de Europa en materia de semiconductores.
Evaluación y revisión de la Ley de Chips de la UE
Podrán participar en la consulta y la convocatoria las partes interesadas de la industria en toda la cadena de valor de los semiconductores (empresas de fabricación integral, empresas sin fábrica, casas de diseño, fabricantes de equipos, proveedores); usuarios industriales de semiconductores en sectores como la automoción, las telecomunicaciones, la atención sanitaria, la energía, la robótica y la fabricación industrial, la defensa y la seguridad; así como autoridades nacionales competentes, incluidas las autoridades competentes en materia de semiconductores.
También podrán enviar sus comentarios los organismos europeos como la Empresa Común de Chips, Eismea, BEI y FEI; empresas emergentes, pymes, empresas en expansión, organizaciones de investigación y tecnología, la academia, asociaciones científicas, comerciales e industriales; inversores, incluidos capitales de riesgo y capital privado; ONG, expertos, consultores independientes y otras organizaciones de la sociedad civil.
La Comisión invita especialmente a enviar contribuciones basadas en la evidencia científica y la investigación, incluidos los análisis cuantitativos y los datos, para fortalecer la base de evidencia de la evaluación y la revisión de la Ley de Chips.