Castilla y León acaba de lanzar una consulta al mercado sobre nuevas soluciones tecnológicas de ciberseguridad para llevar a cabo su primera compra pública innovadora. Esta iniciativa, que lleva a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), es el primer paso para formalizar el proceso administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo (I+D).
El proceso ha comenzado sondeando a las empresas del sector sobre las posibilidades de desarrollar nuevas soluciones de seguridad tecnológica para atender necesidades de comunes del tejido productivo, social y de la propia gestión pública.
Retos en busca de soluciones de ciberseguridad
En concreto, se han formulado cuatro retos en busca de soluciones tecnológicas que mejoren los sistemas actuales de detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques; los de respuesta a ciberincidentes; frente a la suplantación de identidades, el robo de credenciales o tarjetas de crédito de ciberdelincuentes, y los detectores de dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima. En la definición de estos desafíos colabora el Incibe.
La futura compra pública innovadora se financiará con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este caso, la modalidad sería de compra precomercial, un procedimiento que permite adquirir un servicio que aún no está desarrollado o probado, es decir, de forma anticipada a su comercialización.
Por qué se impulsa la compra pública innovadora
Este formato de contratación, basado en el plus de innovación de los productos adquiridos, garantiza una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas.
Además, este formato convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial, en la medida en que incentiva el desarrollo tecnológico del tejido productivo. Lo hace de forma creativa –demanda un servicio como cliente– y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D.
La Unión Europea está promoviendo la CPI a través del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020, que la incluye como mecanismo de fomento de la innovación de las empresas. En el ámbito nacional, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, también perfila con mayor precisión la definición de esta figura.