El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033, con el objetivo de incorporar de forma progresiva criterios ambientales en las compras e inversiones públicas. La iniciativa se organiza en seis líneas de actuación y 22 medidas, y fija como meta que en 2033 se valore incluir al menos una consideración medioambiental en el 100% de los procedimientos comprendidos en su ámbito.

La contratación pública equivale aproximadamente al 11,5% del PIB y a cerca del 25% del gasto público, por lo que el plan la plantea como una herramienta para apoyar la descarbonización, la adaptación al cambio climático, la economía circular y el desarrollo de soluciones con menor impacto ambiental. El nuevo marco amplía el alcance del plan anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar también a las entidades públicas empresariales y a las agencias estatales.
Huella de carbono y materiales de construcción
Una de las líneas principales se orienta a reducir las emisiones asociadas a la contratación pública. Para ello, prevé crear una base de datos centralizada de materiales de construcción con los factores de emisión de los productos que representen al menos el 70% del volumen medio de la obra pública estatal.
El plan también promoverá la utilización gradual de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o como criterio de adjudicación en los contratos en los que sea viable. En paralelo, se estudiará la creación de un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto, con valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
Además, se identificarán y difundirán proyectos de referencia para facilitar la incorporación progresiva de estos criterios en los procedimientos de contratación. La finalidad es que la huella de carbono pueda emplearse como un parámetro objetivo y comparable en las decisiones de compra e inversión pública.
Adaptación climática y economía circular
El plan incorpora una línea específica para integrar la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos, de forma que infraestructuras, obras y servicios puedan mantener su funcionalidad ante impactos climáticos actuales y futuros. Entre las actuaciones previstas figuran la identificación de categorías contractuales más expuestas a riesgos climáticos y la introducción de prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que reduzcan su vulnerabilidad.
En este ámbito se desarrollará una herramienta metodológica denominada test climático, destinada a facilitar la incorporación de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en contratos de servicios para la redacción de proyectos. Esta línea se completará con la difusión de proyectos de referencia y buenas prácticas.
La economía circular constituye otra de las prioridades del plan. El documento prevé impulsar el coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación cuando existan metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas, de modo que se tengan en cuenta no solo el precio inicial, sino también los costes asociados al uso de los bienes durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.
También se promoverán medidas para alargar la vida útil de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias.
Edificios públicos, gobernanza y seguimiento
Otra línea de actuación se centra en la descarbonización y la transición energética del parque inmobiliario público. Para ello, se elaborarán guías prácticas, herramientas y modelos de pliegos que faciliten la preparación de contratos de rehabilitación energética de edificios, electrificación de consumos y despliegue de energías renovables.
El plan contempla asimismo acciones de formación para empleados públicos, la creación de una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para compartir conocimiento y experiencias, y la transformación del actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva para consultar y aplicar criterios ambientales.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, con apoyo de un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La ejecución se articulará mediante programas anuales de trabajo en los que se identificarán actuaciones, responsables e hitos previstos.
El seguimiento se apoyará en indicadores, en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y en el desarrollo progresivo de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir cargas administrativas. Transcurridos tres años desde la aprobación del plan, se elaborará una evaluación intermedia para valorar avances y posibles mejoras.
El Plan de Contratación Pública Ecológica ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda, y da continuidad al marco iniciado en 2018, adaptando sus instrumentos a los objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.