El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la formulación de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030, el instrumento con el que el gobierno andaluz planificará sus políticas públicas en esta materia durante los próximos años. El objetivo es reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante amenazas digitales más sofisticadas.
La nueva planificación dará continuidad a la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, cuya vigencia se prorrogó durante 2026. El nuevo marco permitirá adaptar la actuación de la Junta de Andalucía a la evolución tecnológica, a los cambios normativos y a los riesgos asociados a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica.
La estrategia anterior consolidó un modelo autonómico centrado en la gobernanza, la protección de los sistemas de información, la prevención y respuesta ante incidentes, la cooperación institucional, la concienciación y el desarrollo del ecosistema empresarial especializado. Entre sus avances figuran la creación y consolidación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) y el refuerzo del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Junta de Andalucía.
Balance de la ciberseguridad en Andalucía
Andalucía cuenta con 109 sistemas de información certificados conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En 2025, el SOC gestionó 13.539 incidentes de ciberseguridad y las soluciones avanzadas de protección se extendieron a unos 145.700 equipos corporativos.
La estrategia 2022-2025 también contribuyó a fortalecer el ecosistema andaluz de ciberseguridad. El Clúster de Ciberseguridad de Andalucía agrupa ya a más de 60 entidades especializadas, mientras que la colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha permitido desarrollar proyectos vinculados a ámbitos como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas.
La Junta considera necesaria una nueva planificación por el aumento de la dependencia de los servicios digitales, la ampliación de la superficie de exposición y la mayor sofisticación de los ataques. Durante el primer semestre de 2026, el SOC de la Junta de Andalucía gestionó 9.286 ciberataques, una media de más de 50 incidentes diarios y un incremento del 34% respecto al mismo periodo de 2025.
Objetivos de la estrategia 2027-2030
La II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad tendrá en cuenta el uso ofensivo de la IA, que permite incrementar la escala, la velocidad y la complejidad de los ataques, además de automatizar técnicas como el fraude, la ingeniería social o la explotación de vulnerabilidades. También incorporará los retos derivados de la computación cuántica para los sistemas criptográficos actuales y para mecanismos como los certificados digitales, las firmas electrónicas y los sistemas de autenticación.
Uno de los ejes será reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta de la Junta de Andalucía mediante servicios avanzados de protección y una mayor resiliencia de sus sistemas digitales. La estrategia promoverá la adaptación al nuevo marco normativo europeo y nacional y ampliará la cooperación con entidades del sector público andaluz, administraciones locales y universidades, especialmente en servicios considerados críticos o esenciales.
Otro objetivo será elevar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial andaluz, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. La planificación también buscará fortalecer el ecosistema especializado mediante la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de una industria andaluza competitiva.
La formación y la concienciación mantendrán un papel relevante. Durante 2025 se realizaron 44 actividades de formación y jornadas especializadas, se elaboraron 38 materiales de sensibilización y participaron más de 6.800 personas en actuaciones de capacitación y concienciación. En el primer semestre de 2026 se han desarrollado 156 materiales y acciones formativas, con más de 7.350 participantes.
La Agencia Digital de Andalucía (ADA) coordinará e impulsará la elaboración de la nueva estrategia, con la participación de consejerías y entidades con competencias relacionadas con la confianza y seguridad digital, las empresas, la salud, el empleo y la educación. El proceso incluirá un borrador que se someterá a información pública durante 20 días hábiles, además de los informes preceptivos; tras analizar las aportaciones, el texto definitivo será elevado al Consejo de Gobierno.