La Comisión Europea ha propuesto una nueva Ley Europea de Innovación para facilitar que las ideas innovadoras desarrolladas en Europa puedan financiarse, crecer y escalar dentro de la Unión Europea. La iniciativa se enmarca en la Estrategia de la UE para Empresas Emergentes y en la iniciativa Brújula de la Competitividad para la UE, con el objetivo de reforzar la competitividad a largo plazo, la prosperidad y la soberanía tecnológica europea.
Europa cuenta con investigación, talento y creatividad de primer nivel, pero las empresas innovadoras operan en un entorno fragmentado por normas distintas entre Estados miembros y con dificultades recurrentes para captar financiación. Esta situación provoca que parte de las ideas generadas en Europa se conviertan en éxito económico en otros mercados.
La propuesta busca reducir esos obstáculos mediante medidas dirigidas a mejorar el acceso a financiación, facilitar el uso económico de la propiedad intelectual y acelerar la llegada al mercado de nuevas tecnologías. También pretende ofrecer más seguridad jurídica en la contratación pública de investigación y desarrollo, incluida la cooperación entre compradores públicos de distintos países de la UE.
Financiación y propiedad intelectual
Uno de los ejes de la Ley Europea de Innovación es facilitar que startups y scaleups puedan transformar sus activos intangibles en financiación. Muchas de estas compañías cuentan con patentes, desarrollos tecnológicos y otros derechos de propiedad intelectual, pero estos activos resultan difíciles de valorar, lo que limita su capacidad para atraer inversión.
Para abordar esta barrera, la Comisión Europea plantea promover un marco común de la UE para valorar la propiedad intelectual. La propuesta también prevé crear un mercado digital que conecte a compradores y vendedores de estos activos, además de ofrecer apoyo experto para ayudar a las empresas a llevar sus ideas al mercado.
Según las estimaciones incluidas en la iniciativa, estas medidas podrían generar unos 35 millones de euros en ahorro de costes administrativos. Además, permitirían movilizar 10.200 millones de euros anuales en financiación adicional a través de capital riesgo y deuda respaldados por propiedad intelectual.
Contratación pública de I+D y llegada al mercado
El segundo ámbito central de la propuesta es el establecimiento de un procedimiento común para la contratación pública de investigación y desarrollo (I+D). La Comisión Europea considera que esta medida puede aportar mayor seguridad jurídica y ayudar a que nuevas tecnologías lleguen antes al mercado.
El instrumento también está orientado a tecnologías con potencial para responder a retos sociales compartidos, como la salud, la educación y la movilidad limpia. Además, facilitaría que compradores públicos de distintos Estados miembros realicen de forma conjunta procedimientos de contratación de I+D.
Se calcula que estas medidas podrían suponer un ahorro de 1.000 millones de euros anuales para los compradores públicos. Para las empresas, la propuesta estima beneficios adicionales de 25.920 millones de euros al año.
Sandboxes regulatorios para innovadores
Junto a la Ley Europea de Innovación, la Comisión Europea ha presentado una propuesta específica sobre sandboxes regulatorios mediante una Recomendación del Consejo. El objetivo es acelerar la transformación de ideas innovadoras en soluciones de mercado en ámbitos que todavía no estén cubiertos por legislación de la UE.
Los sandboxes regulatorios permiten a empresas, investigadores y administraciones públicas probar nuevos productos, servicios o tecnologías durante un periodo limitado, en un entorno controlado y bajo supervisión de los reguladores. Este mecanismo ayuda a los innovadores a comprobar cómo se aplican las normas en la práctica y permite a las autoridades identificar posibles necesidades de revisión normativa.
La Comisión Europea señala que ya existen sandboxes regulatorios en algunos ámbitos del Derecho de la UE, aunque sin un enfoque común europeo, lo que genera fragmentación e incertidumbre. La nueva propuesta busca crear un marco de referencia común de la UE a partir de la experiencia de los Estados miembros y de iniciativas europeas ya existentes, manteniendo la protección del interés público durante las pruebas.