El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta pública para recabar opiniones del sector, colectivos afectados y usuarios sobre la actualización del servicio universal de telecomunicaciones. La iniciativa pretende adaptar este servicio a la evolución tecnológica, económica y competitiva del mercado, asegurando que todos los ciudadanos mantengan acceso a servicios esenciales a precios asequibles, sin importar su ubicación geográfica.
El servicio universal garantiza actualmente dos prestaciones básicas como lo son los servicios de comunicaciones de voz a través de conexión fija y el acceso a internet de banda ancha con una velocidad mínima de 10 Mbps en sentido descendente. Además, contempla condiciones específicas para colectivos vulnerables y personas con discapacidad, garantizando la equidad y la inclusión digital en todo el territorio nacional.
Ajustes previstos y novedades de la Ley de 2022
La futura actualización del servicio incluiría los cambios introducidos por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Entre ellos se encuentra la obligación de que todos los operadores de telecomunicaciones ofrezcan tarifas asequibles a consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
Asimismo, la propia ley prevé la posibilidad de modificar la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha, adaptándola a la evolución tecnológica del mercado y a las necesidades crecientes de los usuarios. La actualización permitirá además concretar otros elementos del servicio universal que hasta ahora se encontraban pendientes de desarrollo normativo.
Consulta abierta hasta diciembre
La consulta pública permanecerá abierta hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025 y permitirá que operadores, asociaciones de consumidores y otros colectivos aporten comentarios y sugerencias sobre la regulación. El objetivo es que el servicio universal de telecomunicaciones evolucione de manera equilibrada, garantizando tanto la protección de los usuarios como la competitividad del sector, al tiempo que se impulsa la conectividad de forma inclusiva y sostenible.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca consolidar un marco normativo actualizado que asegure el acceso universal a servicios de telecomunicaciones modernos, accesibles y adaptados a la realidad tecnológica y social actual.