El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 155 millones de euros con carácter finalista a las comunidades autónomas, correspondiente al periodo 2022-2023, para avanzar en el desarrollo de tres iniciativas del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales (Unico): Industria y Empresas, Bono Social y Edificios. El objetivo es reforzar el acceso a la conectividad en todo el territorio y mejorar las conexiones de banda ancha ultrarrápida en las áreas de concentración económica y las empresas.
El traspaso de fondos por valor de 155 millones de euros para las iniciativas de Industria y Empresas, Bono Social y Edificios del Programa Unico se enmarcan en el componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Reforzar las conexiones en áreas de concentración económica y empresas
El Programa Unico-Industria y Empresas cuenta con un presupuesto de 75 millones de euros para el periodo 2022-2023 con la finalidad de reforzar la conectividad en polígonos, centros logísticos y áreas de concentración de actividad económica situados en zonas blancas o grises. El objetivo es que 1.600 pequeños polígonos industriales y ámbitos empresariales alcancen una velocidad de conectividad de 1 Gigabit.
Esta iniciativa incluirá tanto el despliegue de banda ancha a 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, como la interconexión de los centros o instalaciones entre sí para facilitar el acceso de altas prestaciones a redes en proyectos de digitalización sectoriales de carácter innovador.
En concreto, la asignación prevista para 2022 es de 25 millones de euros y para 2023 de 50 millones, tras los 25 millones del ejercicio de 2021. La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con los criterios de extensión del territorio y del número de empresas en las comunidades autónomas.
Se concederán un mínimo de 125.000 bonos
Por su parte, Unico-Bono Social tiene un presupuesto de 10 millones de euros para cada año, al igual que en 2021. Esta iniciativa contempla la creación de un bono social que permita contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija, con una velocidad mínima de 30 Mbps, para personas o familias vulnerables. Existirá una limitación de un bono por unidad familiar y persona con una cuantía máxima de 240 euros al año.
Pueden colaborar aquellos operadores que presten servicio en todas o en alguna de las autonomías. El reparto se ha realizado de acuerdo al número de familias en riesgo de pobreza con el objetivo de conceder un mínimo de 125.000 bonos para la adquisición de un paquete de conexión de banda ancha con la tecnología más adecuada.
Mejoras en la infraestructura común de redes de conectividad
Por último, Unico-Edificios permitirá mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en las edificaciones construidas antes del año 2000. La dotación es de 40 millones de euros para 2022 y de 20 millones para 2023, y se distribuye en función del número de edificios mencionados.
Con estas ayudas se busca contribuir al objetivo de 13.600 edificios que hayan mejorado la infraestructura común de redes de conectividad con el fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.
Las comunidades y ciudades autónomas contarán con márgenes de flexibilidad para adaptar los programas a las necesidades de cada región, siempre que estén alineadas con el cumplimiento de los objetivos del PRTR. Asimismo, deberán establecer sistemas de gestión independientes que faciliten el control de la ejecución de las ayudas y visibilizar que corresponden a programas financiados con fondos de recuperación.