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Una e-Administración accesible beneficia a los servicios públicos y a los ciudadanos, conclusión del "Desayuno Sectorial de Centac".

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La Administración electrónica es una vía para la integración de las personas con discapacidad y supone una mejora en la calidad de vida del colectivo, además de un ahorro de costes para el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, es necesario que desde la Administración Pública se trabaje en incorporar la accesibilidad como algo “implícito” a los servicios públicos telemáticos. Estas son algunas de las principales conclusiones del “Desayuno Sectorial de Centac”, organizado por la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac) para debatir sobre la accesibilidad de los servicios públicos digitales en la e-Administración.

Ester Arizmendi, Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha destacado que la Administración tiene “una responsabilidad muy importante” en el ámbito de la accesibilidad electrónica y ha subrayado que ésta “debe estar preparada desde el primer día para dar servicio a las personas con discapacidad”.

En esta línea, ha recordado que se han producido avances en este ámbito desde 2007, con la aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración Pública, así como los esfuerzos legislativos realizados en el ámbito sancionador y ha matizado que “ciudadanos somos todos, sin discriminación ninguna”.

Aunque ha reconocido que estos avances “no son suficientes”, ha lanzado un mensaje de “esperanza” fundamentado en la oportunidad que ofrece la Agenda Digital Española, “un proyecto de Estado y no de legislatura, que vaya más allá de las cuestiones básicas”, porque la vía telemática es, además de un derecho, “una vía natural que integra y facilita la vida de las personas con discapacidad”.

Ahorro de costes para el ciudadano y la Administración

Además, Arizmendi ha realizado una reflexión sobre el ahorro de costes que supone el uso de servicios telemáticos públicos, ya que realizar un trámite administrativo de forma presencial tiene un coste de unos 80 euros, mientras que de forma telemática supone entre 5 y 6 euros. También ha señalado que España es uno de los países europeos más desarrollados tecnológicamente, con más terminales móviles y entre los que la mayor incorporación a las TIC se produce entre la población de 40 y 50 años.

La Directora General ha abordado también el tema de la seguridad jurídica en este ámbito y ha puesto como ejemplo el DNI-e. En este sentido, ha reconocido que existe una “gran dificultad” en garantizar la accesibilidad y mantener la seguridad al mismo tiempo.

Una de las cuestiones que es necesario mejorar, en su opinión, es la comunicación. En este aspecto, considera importante explicar al ciudadano los beneficios y el ahorro de costes que supone el uso de estos servicios, “no sólo para la Administración, sino también para el ciudadano”.

Sobre la accesibilidad, Arizmendi ha explicado que “no se puede obligar a que las webs tengan un diseño determinado”. Sin embargo, existe una guía de recomendaciones en este ámbito. Finalmente, ha lanzado un mensaje de optimismo y compromiso, y su visión de futuro se basa en una Administración electrónica “eficaz, integradora y humanizada”.

Automatización de la accesibilidad

Por su parte, Emilio Ferreiro, coordinador de Innovación Tecnológica de la Fundación CNSE, ha asegurado que es necesario “automatizar la idea de accesibilidad”. Según Ferreiro, existen tres cuestiones fundamentales: las dificultades a la hora de localizar la forma de contactar, en las webs públicas; la facilidad a la hora de que la persona con discapacidad se mueva por la web y encuentre servicios de forma fácil; y los problemas entorno a la comprensión del lenguaje.

Estos son los aspectos en los que, según Ferreiro, tiene que trabajar la Administración Pública en sus servicios telemáticos, cuestiones que, la mayoría de las veces, “no requieren costes” ni suponen una “gran complicación”. De cara al futuro, el “ideal” sería cumplir con “la usabilidad entendida como sencillez” y la accesibilidad, es decir, “que los recursos disponibles sirvan para cualquier persona”.

En esta misma línea, Jesús Rojas, socio de Sanidad y Sector Público de Accenture, ha señalado el aumento de dispositivos móviles en España, donde dos de cada 10 conexiones a Internet se realizan desde dispositivos móviles, por lo que ha considerado necesario “hacer un esfuerzo para ofrecer esta posibilidad al ciudadano”. El problema, en su opinión, es que “la usabilidad sea algo implícito”. Según ha asegurado, las 35 mayores empresas de España no tienen una web accesible vía móvil.

Comunicación bidireccional

En este sentido, la formación es fundamental, porque muchos de los contenidos web actualmente son “autogenerados” desde blogs u otros soportes. “La usabilidad no se entiende sin accesibilidad”, ha dicho. Desde su punto de vista, habría que racionalizar el esfuerzo inversor que se realiza desde cada institución pública, a través de la concentración de servicios y una ventanilla única.

También ha participado en el encuentro Epifanio Delgado, Director Adjunto del Sector Público de Informática El Corte Inglés, quien ha asegurado que los servicios telemáticos "ofrecen, además de ahorro en los costes en procedimientos, otros beneficios en lo que respecta a la calidad de vida" de las personas con discapacidad.

Uno de los retos de la Administración electrónica, en su opinión, es la interactividad con el ciudadano, "hay que integrar al ciudadano en los procesos de la Administración”, de modo que se establezca una “comunicación bidireccional”, que redunde en el ahorro de costes. Para ello, es necesario desarrollar medios de colaboración entre la Administración y el ciudadano. Delgado también ha subrayado que es imprescindible explicar al ciudadano los beneficios del uso de estos servicios y ayudarle a utilizarlos.

Jorge Sanchez, Coordinador de SVIsual de la Fundación CNSE ha afirmado que la Sociedad de la Información "facilita mucho la vida de las personas y es una gran oportunidad de inclusión y participación ciudadana de las personas con discapacidad”. Sin embargo, la garantía de seguridad implica dificultades de acceso porque es necesario disponer de un alto nivel de conocimiento tecnológico. En cinco años, desde su punto de vista, habrá muchos más servicios telemáticos de atención al ciudadano y más consolidados, pero “el ciudadano no estará integrado en el uso de la Administración electrónica” a corto plazo.

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