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En vigor la Ley de impulso de la factura electrónica

Desde este jueves todas las Administraciones Públicas tienen que recibir las facturas de sus proveedores por vía electrónica de forma obligatoria.

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Todas las Administraciones Públicas tienen que recibir desde el pasado jueves, de forma obligatoria, las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo con lo que establece la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable.

Tan sólo podrán quedar excluidas de la obligatoriedad las facturas con importe inferior a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.

  • Todas las facturas de los proveedores de las AAPP quedarán automáticamente registradas y tanto las Administraciones Públicas como los proveedores podrán hacer un seguimiento de las mismas desterrando la posibilidad de ocultar facturas.
  • Sólo en la Administración General del Estado, la tramitación electrónica ahorrará al año 51 millones de euros y 2,3 millones de euros más por dejar de tramitarlas en papel.
  • Las Administraciones Públicas tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago, un mayor control de gasto público y del déficit, así como profundizar en la lucha contra el fraude.

Cambio histórico en la Administración

Esta Ley representa un importante avance en la Administración electrónica y un cambio histórico en la facturación de las Administraciones Públicas españolas. En un período aproximadamente de un año, las AAPP han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso, lo que representa un esfuerzo importante por el cambio radical de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico.

La Administración General del Estado por un lado ha tenido que adaptar todos sus sistemas a la factura electrónica y, por otro lado, proporcionar un punto general de entrada de facturas electrónicas adaptado también para incorporar a todas las Administraciones Territoriales. Éstas, podían crear su propio punto de acceso o utilizar el que la Administración General del Estado ha puesto a su disposición, para facilitarles el trabajo y un ahorro considerable en la inversión.

La Administración General del Estado, además, ha tenido su Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) funcionando desde el 15 de enero de 2014, un año antes, donde se han recibido facturas electrónicas de los proveedores, de forma voluntaria, desde el primer trimestre del pasado año.

Adhesiones a FACe

El Punto de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado, tiene integrados hoy los distintos puntos de tramitación de los ministerios. Además, se han adherido a su utilización las Comunidades Autónomas de Asturias, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.

Otras Comunidades como La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco, no se han adherido a FACe, pero han dispuesto un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas y, en algunos casos, se está estudiando la posibilidad de intercambio de información entre estos puntos y FACe.

En cuanto a Entidades Locales, se han adherido a FACe 5.177 y 17 universidades.

Ahorros de la factura electrónica

Los ahorros anuales estimados, sólo para la Administración General del estado, por el cambio a tramitación electrónica de las facturas, se elevan a 51 millones de euros y 2,3 millones de euros de ahorro en papel.

Los ahorros por factura se calculan para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas en 0,70€, pasando de un coste en papel de 0,76€ a un coste electrónico de 0,06€.

Las Administraciones Públicas ahorran por recepción 2,78€, pasando de un coste en papel de 2,87€ a un coste en electrónico de 0,09€.
En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75€.

Lucha contra la morosidad

La Ley, aprobada dentro de las actuaciones del informe CORA, permite la erradicación de la morosidad en el sector público, donde ya se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70% (con anteriores medidas, como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico), así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.

La puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de financiación, desde 2012, han conseguido la reducción de la deuda comercial de las Administraciones Territoriales, hay que destacar que a lo largo de estos años de han pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos, que permitieron el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo y que representaron una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros.

Registros y control

Se refuerza la protección de los proveedores, al dejar constancia de la fecha de presentación de su factura, lo que permite un mejor control de la misma. Además, se agiliza la tramitación de las facturas, al incorporar las nuevas tecnologías, facilitando su seguimiento para su pago posterior y para su control contable.

Y, dentro de las Administraciones Públicas, los órganos de control interno podrán acceder en cualquier momento a la documentación e información del registro contable de facturas y elaborarán anualmente un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.

Los registros contables, además, remitirán a la Agencia Tributaria información sobre las facturas recibidas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación. Asimismo, habrá intercambio de información entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las AAPP, con el objetivo de fortalecer también la lucha contra el fraude.

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