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El Consejo Superior de Administración Electrónica aprueba el Plan de Administración Electrónica para la presente legislatura.

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Las líneas maestras del plan de Administración Electrónica del Gobierno para 2013-2015 fueron aprobadas en el Consejo Superior de Administración Electrónica celebrado la semana pasada. En él, quedó refrendado el eje de Administración Electrónica de la Agenda Digital para España. Ambos documentos constituyen una hoja de ruta para modernizar la Administración, reducir el déficit público y racionalizar el sector público mediante el impulso de la Administración Electrónica durante esta Legislatura.

Reunión del Consejo Superior de Administración Electrónica

Durante 2012, se han realizado más de 500 millones de trámites con la Administración General del Estado, de los que aproximadamente 365 se han realizado en formato electrónico, según los datos existentes en el Sistema de Información Administrativa. Esto significa que el 73% de los trámites, es decir, tres de cada cuatro trámites que los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración General del Estado se hizo el año pasado de forma telemática.

Si el coste de un trámite presencial puede situarse, según el SCM (Standard Cost Model), en una media de 80 euros y el de un trámite electrónico en 5 euros, el ahorro por el uso de la Administración electrónica en 2012 estaría en torno a los 28.500 millones de euros. El Gobierno quiere seguir avanzando en el impulso de la Administración Electrónica, ya que cada aumento del 5% en el uso de trámites telemáticos supone un ahorro de 1.500 millones de euros para empresas y ciudadanos y de 200 millones para las Administraciones Públicas.

Principales líneas de actuación

El plan, cuyas líneas estratégicas ha aprobado el Consejo, será elaborado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene los siguientes cinco grandes objetivos:

  1. Utilizar medios y sistemas informáticos para reducir cargas administrativas al ciudadano y a las empresas. En este sentido, se avanzará en simplificar los trámites administrativos, de forma que sean personalizables, proactivos, accesibles desde diferentes plataformas y adaptados a las necesidades de los usuarios, así como en la transparencia en la actuación de la Administración General del Estado. El Gobierno logró en el año pasado reducir el número de cargas administrativas para las empresas en un 30%. Según el Banco de España y la OCDE, el coste de las cargas administrativas representa el 4,5% del PIB español, por lo que se estima que supuso un ahorro de 17.900millones, de los que 12.200 son consecuencia de la administración electrónica.
  2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas. Para ello, se impulsarán planes de usabilidad para acercar la Administración a los ciudadanos y las empresas. Además, se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticación frente a la Administración y se hará obligatorio el uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales. Por último, se crearán indicadores para conocer el uso y el valor generado por los distintos servicios públicos.
  3. Optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas. En esta línea, se aumentará el conocimiento y uso entre los empleados públicos, y se buscará la colaboración entre los tres niveles de la Administración para avanzar en la ‘Administración sin papeles’, así como una política de compras única con los proveedores. Un ejemplo es el sistema ORVE. La puesta en marcha piloto en la Comunidad de Madrid ha permitido un ahorro de 5 millones, que sería de 50 si se aplicara en todas las comunidades autónomas. Igualmente se buscará compartir servicios e infraestructuras para reducir gastos de mantenimiento y disminuir las necesidades de inversión. La red Sara se declara proyecto de interés prioritario para configurarse como la nube privada de la Administración General del Estado. La implantación de este proyecto supondrá un ahorro de 15.000 millones, sumando los beneficios a empresas y administraciones públicas, ya que el coste actual de 4,5 euros por factura se reduciría a 40 céntimos si fuera electrónica.
  4. Cooperación entre la Administración y organizaciones, empresas y agentes sociales, para intercambiar experiencias, proyectos, servicios y aplicaciones de Administración electrónica.
  5. Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital. Se potenciará el uso de servicios básicos de Administración Electrónica en municipios de pequeño tamaño, así como la intercomunicación entre las diversas administraciones. Asimismo, se mejorará la accesibilidad para favorecer el acceso de colectivos con especiales dificultades.

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