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Aprobado el decreto regulador en materia de transparencia en Andalucía

La norma consolida la organización que trabaja para facilitar la gestión, archivo, ordenación y tramitación de documentos de la actividad pública.

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de la estructura administrativa básica en materia de transparencia en la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas.

La norma consolida la organización que, de hecho, viene trabajando durante los últimos meses en la Administración autonómica para facilitar las tareas de gestión documental, archivo, ordenación y tramitación de la documentación relativa a la actividad pública, así como de su puesta a disposición a la ciudadanía.

El decreto, que implica a todas las consejerías y a las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y fondos sin personalidad jurídica del sector público andaluz, define una estructura sustentada en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras; las Unidades y Comisiones de Transparencia, y la Inspección General de Servicios.

La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras se encarga de la coordinación general de las políticas de transparencia pública, así como de velar por su correcta aplicación y elaborar los planes operativos y las memorias anuales de evaluación. Está asistida por la Secretaría de Transparencia, adscrita a la Viceconsejería de la Presidencia y Administración Local.

Las Unidades de Transparencia funcionan en las 13 consejerías de la Junta y en las cinco agencias con mayor volumen y nivel de especialización de recursos de información: el Servicio Andaluz de Salud, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Estas unidades administrativas se configuran como piezas básicas para garantizar la publicidad activa de cada departamento y el acceso de la ciudadanía a la información pública.

Cada consejería cuenta también con una Comisión de Transparencia, integrada por las personas responsables de la Unidad de Transparencia y del archivo central, así como por las representantes de cada centro directivo (con nivel de jefatura de servicio) y de las entidades instrumentales adscritas. Su principal cometido es involucrar en las políticas de transparencia a toda la organización, así como facilitar la coordinación interna.

Finalmente, la Inspección General de Servicios de la Junta se encarga de velar en última instancia por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la publicidad activa y el acceso a la información pública en el ámbito de la Administración autonómica.

Estas tres instancias funcionan en coordinación con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, máxima autoridad independiente de control en la materia. Las relaciones institucionales se llevan a cabo principalmente a través de la persona titular de la Consejería de la Presidencia y Administración Local. Entre otras atribuciones, este Consejo puede requerir a las administraciones de la comunidad para que se subsanen incumplimientos e instar a la apertura de procedimientos sancionadores. Su persona titular se designa por el Parlamento autonómico, frente a la norma estatal que atribuye al Consejo de Ministros esta elección.

Portal de Transparencia

El pasado 30 de junio comenzó a funcionar plenamente el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, principal herramienta de las políticas de la Junta en esta materia, que pone a disposición de la población toda la información relativa a la Administración pública andaluza. Accesible desde la web de la Junta de Andalucía, incluye tres líneas temáticas: 'Publicidad activa', 'Solicitud de información' y 'Transparencia en Andalucía'.

A través de ellas, la ciudadanía tiene acceso a datos de interés relacionados con la gestión de la Junta y también puede reclamar información, incluyendo la relativa a contratación pública, ayudas y subvenciones.

Andalucía incorpora un catálogo de actividad más amplio que el estipulado en la ley estatal de transparencia. Así, la línea de 'Publicidad activa' recoge todos los datos de la Junta, difundidos por iniciativa propia.

Mientras la norma nacional sólo obliga a las administraciones a publicar las funciones, la normativa y la estructura organizativa, en Andalucía se difunden datos sobre relaciones de puestos de trabajo y retribuciones anuales; procesos de selección del personal y ofertas públicas de empleo; condiciones laborales; cartas de servicios; información presupuestaria; agendas institucionales, y declaraciones de actividades, bienes y retribuciones de altos cargos, entre otros. También adelanta los momentos en que se hacen públicos los textos normativos.

La solicitud de información se realiza a través de la plataforma telemática denominada PID@. Sin necesidad de certificado electrónico, el ciudadano sólo tiene que rellenar un formulario en el que haga constar a qué órgano se dirige. Las Unidades de Transparencia se encargan de valorar la petición y de informar del inicio de procedimiento y del plazo de respuesta.

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